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De los debates institucionales

Superiberia

El objetivo de los debates es sumamente importante para la construcción de la democracia, porque éstos contribuyen a la difusión de las propuestas y la plataforma política, lo que a su vez permite que el electorado pueda comparar cada una de las propuestas y así emitir un voto razonado, consciente e informado.

Es por ello que los debates son considerados como un acto de promoción y una actividad de campaña. Actualmente los debates se encuentran regulados por las “Bases que establecen la metodología y criterios para la preparación y desarrollo de los debates temáticos” emitidos por el Instituto Electoral Veracruzano.

El IEV es el único ente que puede promover y organizar debates institucionales, tal como lo establece el artículo 111, fracción IX del Código Electoral de Veracruz, con el objetivo de promover la confrontación y análisis de las ideas entre las diferentes propuestas, en apego a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y equidad, en los que se debe desarrollar la contienda electoral. Estos debates para llevarlos por los cauces de la transparencia, cuentan con recursos y un presupuesto millonario para asegurar que éstos se realicen de forma equitativa e institucional, con total legalidad y transparencia.

Los debates, según la reglamentación deben de ser solicitados por los mismos candidatos y será el IEV quien realice la logística y sufrague los gastos que se realicen por su ejecución, ya que con ello garantiza el ejercicio democrático y da cumplimiento a lo que establece la Ley.

Cierto es que no existe prohibición legal para que particulares o terceros promuevan o realicen debates privados y difundirlos por los medios que consideren, y esto es debido a que existe una laguna de la Ley, ya que esta práctica de debates privados aún no se encuentra regulada por la legislación o reglamentación en materia electoral.

Esta omisión legal y su falta de regulación deja abierta una puerta en la cual podrían recaer irregularidades que pueden afectar la contienda electoral, la equidad en la contienda y el sano ejercicio de la participación democrática, y que posiblemente represente sólo los intereses económicos y publicitarios del particular que lo promueve.

Ejemplo claro de la actividad irresponsable de los particulares en las contiendas electorales fueron las encuestas mal habidas de Mitosfski y Televisa que difundían falsamente datos que ciertos candidatos tenían ventaja con porcentajes exorbitantes por sobre los demás contendientes. Esto generó que la contienda electoral fuera inequitativa al promover una información falsa y aleccionaba al electorado a votar por quienes estos particulares difundían, con un beneficio puramente comercial.

Lo mismo sucede con debates NO INSTITUCIONALES, ya que rompen el esquema democrático y con ello se soslaya la atribución legal de la autoridad electoral, el IEV. El ejercicio democrático y la participación ciudadana se debe de ejercer dentro del estado de derecho que proporcionan sólo las instituciones creadas para tal fin, ya que si este fin no es llevado a cabo por estas, entonces estaríamos ante el hecho de que el IEV ha fallado y se consideraría que la autoridad ha sido rebasada por particulares, convirtiendo a la autoridad garante de la democracia en un elefante blanco, inútil e ineficaz, lo que llevaría a suponer que la democracia debería estar en manos de particulares en vez de las instituciones republicanas.

Saludos electorales.

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