Por: Andrés Timoteo / columnista
DE LA MENTIRA AL MITO
En todos los lugares donde han ocurrido episodios de violencia extrema contra la población, ejercida tanto por las corporaciones policiacas y militares como por organizaciones criminales ajenas al Gobierno, la identificación de las víctimas, el reconocimiento de su estatus y la atención a sus demandas debe ser algo sumamente cuidadoso para evitar distorsiones históricas que se arrastren a perpetuidad.
Una buena parte de la población veracruzana ha sido víctima de la violencia, eso es innegable, pero en el camino de la justicia transicional que se inició desde diciembre del 2016 han brotado grupos y voces que pretenden monopolizar el papel de “víctimas” y convertir sus dichos en decretos incuestionables, aunque estos no se basen en pruebas ni científicas ni jurídicas y ni siquiera contables.
Esto viene al caso porque recientemente algunos colectivos han vuelto a lanzar una cifra aventurada de las personas que están desa-parecidas. Concretamente desde la vocería del Colectivo Solecito se asegura que “en Veracruz suman de 20 mil a 30 mil personas desaparecidas” -así lo manifestaron la semana pasada-, aunque tal afirmación no tenga soporte documental ya sea expedientes de denuncia o en la declaración simple de los parientes que las buscan.
Es fácil, al calor del golpe mediático, emitir números para captar los reflectores, pero en un trabajo tan delicado como es la documentación de los casos de desaparición forzada no se valen las cifras inventadas ni las especulaciones, pues la experiencia histórica demuestra que la danza de números sin sustento bloquea todo proceso para sanar a la sociedad y provoca divisiones insalvables.
No se habla al garete, el espejo inmediato -y que en este espacio ya se ha citado- es Argentina pues a casi 40 años de que concluyó la última dictadura militar (1976-1983) sigue la polémica sobre el número de personas desaparecidas. El informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep) de 1984 indica que fueron 9 mil, cifra respaldada con nombres, domicilio, edad y profesión de cada una de las personas que sufrieron la desaparición forzada.
Sin embargo, la organización Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo mantiene la exigencia para localizar a 30 mil personas, pese a que no han podido demostrar quiénes son las 20 mil restantes y cuándo y dónde desaparecieron. Por eso, casi cuatro décadas después Argentina no ha podido concluir la construcción de una memoria histórica integral y pasar a la reconciliación nacional -que incluye el luto individual y colectivo-.
Pareciera cosa simple, pero no lo es porque las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo se fracturaron en dos agrupaciones: la llamada ‘línea fundadora’ y las moderadas. La primera es la intransigente que repudia el reporte de la Comisión de la Verdad y exige la aparición “con vida” de los 30 mil desaparecidos que maneja, mientras que la otra fracción sostiene que, sin poder comprobar la existencia de todas esas personas, es necesario avanzar en el proceso de luto y reconciliación nacional.
EL LOBBY DE VÍCTIMAS
La ‘línea fundadora’ no sólo hizo de la mentira un mito, sino que además se alió con una parte del peronismo de izquierda, intoxicando con intereses partidistas la lucha legítima para buscar y localizar a los ausentes. Vaya, parece que se está describiendo lo que sucede en Veracruz, pues varios de los dirigentes de los colectivos están muy ligados a los intereses de Morena, y eso hace sonar las campañas de alarma.
En Veracruz también pretenden hacer un mito de esa cifra de “30 mil desaparecidos” y levantarla como bandera política, no en beneficio de las víctimas sino para responder a intereses de las organizaciones involucradas que nada tienen que ver con la justicia transicional. ¡Alerta con eso! No sólo se deben evitar las cifras sin sustento sino los llamados “Lobbies de víctimas”, como los definió el investigador italoamericano Andrés Reggiani.
Estos aparecieron -y algunos siguen vigentes- en la Alemania post-nazi, en Ruanda, en Sudáfrica, en Paraguay y en la misma Argentina cuando las organizaciones civiles que iniciaron la lucha por hacer valer las voces de las víctimas de regímenes criminales terminaron en convertirse en grupos políticos de presión que se ostentaron como los únicos con derecho a hablar por la causa, negociar con las autoridades y dirigir los trabajos de memoria colectiva.
Esos “lobbies” imponen un punto de vista parcial sobre el proceso memorístico y satanizan a gusto a todo aquel que no esté de acuerdo con lo expuesto o que cuestione sus cifras. ¡Vaya! parece -se insiste- que se describe lo que está pasando en Veracruz con algunos activistas que buscan imponer cifras inventadas y fomentar el “culto a la victimización” para eternizar el conflicto y la división.
Nuevamente: ¡Alerta con esos monopolizadores del dolor social! Hay que poner un alto a dichas pretensiones que son insanas, aun cuando los que las enarbolan hayan sido víctimas, pues muchos extravían su objetivo original. La precaución hacia esos personajes debe ser preciso, sobre todo ahora que el gobernador electo, Cuitláhuac García, anunció el compromiso de continuar con la justicia transicional que inició el Mandatario actual.
García Jiménez hasta prometió algunas medidas espectaculares como decretar una emergencia humanitaria e instalar una Comisión de la Verdad con mayor capacidad y recursos. Tal intención que, por supuesto, es positiva, podría terminar en un entuerto histórico si no se cuida la rigurosidad de las cifras y se evita que del activismo social y político de algunos personajes se pase al partidista.
De no someter al tamiz científico y jurídico todo lo obtenido en ese proceso de justicia transicional -especialmente el número de víctimas- tolerando que continúen los bulos mediáticos se contaminará y se entrampará la tan anhelada justicia transicional. ¡No a las mentiras! ¡No a los mitos! ¡No a los intereses partidistas! mezclados con el legítimo y urgente derecho a buscar y hallar a las personas desaparecidas, conocer la verdad de lo sucedido y castigar a los responsables.
GOBERNADOR DE FACTO
A un mes de las elecciones en las que se conoció al próximo ocupante de Palacio de Gobierno, los veracruzanos se enteraron de quién será el verdadero gobernador, el cuenqueño Éric Patrocinio Cisneros Burgos, impuesto desde el altiplano por la nomenclatura del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) -entiéndase: por obra y gracia del tabasqueño Andrés Manuel López Obrador- para guiar los destinos de Veracruz.
El miércoles pasado en la ciudad de Xalapa el gobernador electo, García Jiménez, presentó formalmente a Cisneros como el segundo de a bordo en el organigrama estatal, pero tal designación no la hizo él sino el presidente de la República electo, quien tendrá en el próximo titular de la Secretaría General de Gobierno el instrumento para decidir las políticas públicas a implementar y el control de todo el aparato estatal y para nadie es un secreto que será el Gobernador de facto.
García Jiménez fungirá como un mero “cortador de listones”, una fachada para oficializar las decisiones del Centro del País, sin el poder suficiente para modificarlas ni mucho menos cuestionarlas o rebatirlas. Es el modelo del viejo presidencialismo que ya está de regreso y que siempre ha tenido en los poderosos secretarios de Gobierno como artefactos de control centralista. Vaya, es una película vista muchas veces en el pasado.
Podría ser bueno para el partido Morena, pero no para los veracruzanos porque a nivel local es aplicable el adagio de que “es tan malo el pinto como el colorado”, ya que García Jiménez está tan baldado en cuestiones de gobernanza y servicio público -todos lo saben y lo demostró ampliamente en la campaña electoral-, como el que será su segundo a bordo, Cisneros Burgos, por más piropos que le prodiguen sus neo-panegiristas de la prensa local.
De entrada, Cisneros Burgos no tiene una formación jurídica ni administrativa. No es abogado, mucho menos jurisconsulto, experto en finanzas o en gestión pública sino ingeniero agrónomo, por lo que tendrá que recurrir a una dispensa oficial emitida por el Congreso del Estado para acceder al cargo. Obviamente, con una mayoría de Morena en la Legislatura sólo será cuestión de trámite.
Cisneros Burgos tampoco tiene experiencia en el servicio público de alto calado -las únicas encomiendas públicas que ha ocupado son oficial mayor y encargado de Catastro de un municipio en Baja California, donde ha radicado en los últimos años- y por supuesto, también carece de experiencia en cuestiones de gobernabilidad, inteligencia de Estado, trabajo político y Seguridad Pública.
El señor es, eso sí, según sus congéneres de Morena, un eficiente operador electoral -que no político-. Sabe de formación de grupos de base electoral, de propagandistas, de reclutadores y promotores del voto, cuidadores de casillas y llenadores de mítines. Esa es la experiencia con la que llegará a la Secretaría General de Gobierno. Si no se enojaran los ‘chairos’ se podría decir que a esa oficina llegará un ‘mapache electoral’ en todo su esplendor.
El nombramiento anticipado de Cisneros Burgos tampoco es un hecho aislado ni fortuito -las coincidencias y lo esporádico no existen en política partidista- sino parte de una estrategia para controlar a los gobiernos ganados por Morena el pasado 01 de julio. Lo mismo se hizo con los mandatarios electoral de Chiapas y Tabasco, Rutilo Escandón Cadena y Adán Augusto López Hernández, quienes tendrán funcionarios de primer nivel impuestos desde la estructura morenista.
Lo que se sabe es que al igual que en Veracruz, la nomenclatura de López Obrador no sólo nombrará a los secretarios de Gobierno sino también a los titulares de Finanzas y Desarrollo Social, a fin de tener el control del patrimonio y de la operatividad electoral para los próximos seis años, y especialmente para las elecciones intermedias que se aproximan.
Así, el tabasqueño, invocando al viejo presidencialismo, buscará domeñar en lo absoluto a los gobernadores que hizo ganar, lo cuales no serán servidores públicos con sello federalista ni republicano que respondan a los intereses populares sino súbditos del próximo Mandatario Nacional.
