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Chiapas.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas informó sobre la detención de 46 policías del municipio de Comitán, entre ellos cuatro mandos, quienes fueron ingresados al penal de “El Amate” bajo cargos de motín, ejercicio ilegal del servicio público y asociación delictuosa. La detención se llevó a cabo el 15 de diciembre durante un operativo que resultó en la captura de 92 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Comitán, aunque sólo 46 fueron judicializados.
Entre los detenidos destacan José Santiago “N”, secretario de Seguridad Pública Municipal; Jesús Enrique “N”, coordinador de Tránsito y Vialidad Municipal; José Francisco “N”, coordinador de la Policía Municipal, y Alejandro “N”, comandante de la Policía Municipal. Las autoridades señalan que estos agentes obstaculizaron el trabajo del director del C5 de Chiapas, amenazando e intimidando a los funcionarios, además de haber continuado desempeñando sus funciones pese a haber reprobado los exámenes de control de confianza y utilizar armas de fuego sin los permisos necesarios.
La FGE detalló que los otros 46 policías no fueron ingresados al penal, ya que certificaron que tenían una calificación aprobatoria en el examen de control estatal de confianza.
El operativo también resultó en la detención de Juan “N”, líder de una organización criminal en Comitán, señalado por delitos como ataques a las vías de comunicación y atentados contra la paz y la integridad del estado. Además, la Fiscalía vinculó a proceso a otras 22 personas por presuntos delitos contra la salud, cuatro de los cuales son menores de edad.
Durante las intervenciones, las autoridades aseguraron más de 350 bolsas con hierba similar a la marihuana, polvo blanco, dinero en efectivo, teléfonos celulares y seis cartuchos útiles para escopeta, lo que refuerza las acusaciones de la implicación de los detenidos en actividades ilícitas.
Este operativo revela la compleja relación entre fuerzas del orden y grupos criminales en la región, subrayando la necesidad de una reforma profunda en las instituciones de seguridad pública para frenar la corrupción y restaurar la confianza en las autoridades locales.
