Redacción
El Buen Tono
Xalapa.- En una reciente declaración, la auditora general Delia González Cobos afirmó que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) no será una “tapadera” para aquellos involucrados en casos de irregularidades en el uso de los recursos públicos, sin embargo, hasta el momento no ha tomado acción contra funcionarios señalados por presunto daño patrimonial en la cuenta pública de 2021.
La ciudadanía se encuentra cuestionando por qué aún no se han tomado medidas contra las administraciones de Leticia López Landero, en Córdoba, e Igor Fidel Rojí López, en Orizaba.
Y es que López Landero no logró solventar un monto de 107 millones 324 mil 751 pesos, mientras que Rojí está señalado por un daño que asciende a 17 millones 993 mil 366.50 pesos.
Ante estos hechos, los ciudadanos argumentan que no debe existir impunidad en estos casos y que las autoridades correspondientes deben actuar con firmeza. La indignación radica en que incluso a los delincuentes de menor cuantía se les encarcela, mientras que aquellos que afectaron las arcas municipales parecen permanecer impunes.
La auditora general, González Cobos, reiteró su compromiso de fiscalizar los recursos públicos de acuerdo con el marco legal vigente, aunque reconoció que esta postura puede no ser bien recibida por algunos. Sin embargo, la falta de acciones concretas contra los funcionarios señalados, entre otros, ha generado un clima de desconfianza en la ciudadanía y ha elevado las exigencias de justicia y transparencia.
Los ciudadanos manifestaron que la impunidad no puede ser tolerada, y es fundamental que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y se apliquen las sanciones correspondientes contra aquellos que resulten responsables de actos de corrupción.
