México.– Los integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), han demostrado sistemáticamente que no les preocupa lo que la ciudadanía piense de ellos, a juzgar por sus novedosas formas de violentar la Ley Electoral y por sus reiteradas acciones para retar los llamados al orden del Instituto Nacional Electoral (INE), de acuerdo con especialistas y políticos.
Dijeron que el reiterado comportamiento ilegal denota que “le tiene sin cuidado” el hecho de que este año probablemente desembolsará 153 millones de pesos para pagar las multas impuestas por la autoridad electoral por diversas violaciones a la Ley Electoral.
Este comportamiento, de acuerdo con los especialistas, se basa en la siguiente explicación: luego de las elecciones del próximo siete de junio, el Verde podría tener un número récord de legisladores federales en la Cámara de Diputados, lo cual le representará más recursos y prerrogativas, así como mayor poder en la toma de decisiones dentro de la Cámara Baja.
De 2000 a la fecha, el Partido Verde Ecologista ha recibido más de cuatro mil millones de pesos de financiamiento público. Sólo en el 2015 se presupuestó para este partido político más de 429 millones de pesos para sus gastos ordinarios, cifra sólo superada por el financiamiento del 2006, cuando superó los 478 millones de pesos.
Además, de los recursos presupuestados para su gasto ordinario, el Partido Verde, lo mismo que todos los grupos parlamentarios, obtiene del Congreso federal una serie de recursos públicos no regulados, dinero de todos los mexicanos de los cuales no tiene que comprobar un solo peso.
“En esta Legislatura, sólo por subvenciones extraordinarias, el Verde recibió 250 o 300 millones de pesos”, afirmó la Diputada federal Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano (MC).
MÁS DIPUTADOS, MÁS DINERO
El Artículo 41 de la Constitución establece que el financiamiento público de los partidos políticos para sus actividades ordinarias se fijará multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo.
