Se está desarrollando una discusión muy importante e interesante en Estados Unidos, que tiene que ver con la lucha contra la corrupción internacional y la forma en que las autoridades públicas de ese país la están llevando a cabo. Cada día, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés) se aplica más y tiene resultados sorprendentes, por la cantidad de recursos económicos que obtiene el gobierno de Estados Unidos de empresas, tanto estadunidenses como de otros países, que corrompen en el extranjero y que están listadas en las bolsas de valores de ese país, y que por disposición legal están sujetos a la FCPA.
En el caso que involucra a la mayor empresa de supermercados del mundo, Walmart, debido a sus actividades corruptas en México y otros países, hecho reconocido por la propia empresa, todavía se encuentra pendiente la resolución del asunto de la multa que pagarán y la posibilidad de ejercer acciones penales contra los involucrados. Sin embargo, al parecer, este caso concreto se está desviando hacia algún arreglo que, en opinión de algunos investigadores y académicos, se aleja de la norma.
En una carta abierta dirigida al Departamento de Justicia y a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, DOJ y SEC respectivamente, por sus siglas en inglés, el señor Michael Scher manifiesta su preocupación por lo que está ocurriendo en el caso de la mencionada empresa, ya que según él, puede dañar la fuerza del responsable del “cumplimiento de normas” y la imagen de las acciones en contra de la corrupción. El señor Scher desempeñó este puesto durante 30 años.
Este responsable del cumplimiento de normas, figura que no sabemos si existe en alguna empresa mexicana, es el encargado de vigilar que se ejecuten todas las disposiciones legales por parte de la empresa y reporta directamente al gerente de la misma. Esta figura existe desde hace mucho tiempo, sobre todo en los ramos que están más regulados en sus funciones, como son los financieros. Pero a raíz de los escándalos contables ocurridos en aquel país en 2000 y en virtud de una ley conocida como la Sarbanes-Oxley Act, se recomendó que se extendiera a otros ramos no tan regulados, como es el caso de las empresas dedicadas al comercio.
El señor Scher, en su comunicación hecha pública a través del blog de la FCPA, plantea desde el inicio que en el caso de Walmart por supuesto se debe presumir la inocencia de los involucrados hasta que sean juzgados, pero cuestiona que las autoridades han permitido a la empresa dar la información voluntariamente, sin haberse sometido a un citatorio formal, lo cual puede ocasionar que no se llegue al fondo. Además pregunta si las autoridades van a perseguir penalmente a las personas que participaron en los hechos y si en los acuerdos van a autorizar a quedarse con las utilidades obtenidas gracias a los actos de corrupción cometidos en sus operaciones concretamente en México.
La forma de actuar en este caso se puede comparar con lo que ocurre con la financiera JP Morgan, la cual, supuestamente, ya llegó a un acuerdo con las autoridades y estaría dispuesta a pagar 13 mil millones de dólares de multa por operaciones indebidas en varias partes del mundo. Sin embargo, en este caso el DOJ les citó formalmente y ha dicho que la investigación seguirá hasta sus últimas consecuencias, además de que el banco deberá reconocer que hizo estas operaciones indebidas. Por cierto, este banco es uno de los clientes más asiduos en pago de multas al gobierno estadunidense, pues de 2010 hasta antes del caso que estamos comentando ha pagado, en más de diez ocasiones, cerca de cuatro mil millones de dólares de multas.
La forma como se resuelva el caso Walmart marcará un antes y un después en las actividades y la figura del responsable de cumplimiento de normas. En función de los resultados que está obteniendo, ésta debe ser reforzada, para bien de los ciudadanos de todo el mundo, las empresas y el combate a la corrupción.
