De la Redacción
El Buen Tono
Xalapa.- Durante el gobierno de Cuitláhuac García, Veracruz acumuló señalamientos por el manejo irregular de recursos públicos. Entre 2019 y 2023, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) reportó 127 denuncias penales por un daño patrimonial que supera los 280 millones de pesos, con otras cifras aún por cuantificar.
El Orfis identificó irregularidades en 36 entes estatales y observaciones administrativas en otros 44, incluidos movimientos financieros que no fueron reportados oficialmente. Uno de los casos más destacados implica el Fideicomiso F/998, donde se realizaron traspasos de 15.6 millones de pesos a una cuenta bancaria sin incluirse en los reportes fiduciarios mensuales.
En el ámbito estatal, se detectaron anomalías en dependencias públicas y organismos descentralizados que suman un daño estimado en 275.3 millones de pesos. Este cálculo incluye inconsistencias en la ejecución de obra pública y manejo financiero. Entre las instituciones señaladas, la Universidad Veracruzana enfrenta observaciones que ascienden a 4.6 millones de pesos.
La situación en los municipios no es menos alarmante. De los 212 municipios veracruzanos, 180 presentan irregularidades que podrían representar un daño patrimonial de mil 412.7 millones de pesos. Estas cifras reflejan fallas estructurales en la administración de recursos públicos en el estado.
Además de las irregularidades detectadas, Veracruz enfrenta un panorama financiero complicado. Los pasivos circulantes, que incluyen pagos a proveedores y contratistas, alcanzaron los 1,551.8 millones de pesos en 2023, mientras que la deuda pública a largo plazo supera los 54 mil millones de pesos.
Aunque las auditorías permitieron la recuperación de 464 millones de pesos, la magnitud de las irregularidades señaladas deja mucho por resolver. Las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado y, en algunos casos, ante la Fiscalía General de la República, no han derivado en acciones concretas contra los responsables.
