El 24 de octubre de 2013 encontraron en Tegucigalpa el cuerpo del camarógrafo MANUEL MURILLO VARELA, con impactos de bala en el rostro, a sólo un mes de las elecciones generales que se llevarán a cabo 24 de noviembre de 2013. Su asesinato ocurrió exactamente cuatro meses después del secuestro y asesinato del periodista Aníbal Barrow, registrado el 24 de junio pasado.
“Reporteros sin Fronteras pide a las autoridades que emprendan una investigación independiente y a profundidad para que se esclarezca este homicidio. También hacemos un llamado para que se ponga fin a la impunidad en que permanecen los crímenes perpetrados contra periodistas, pues las investigaciones realizadas tardan en dar frutos”, señaló la organización.
“En respuesta al clima de violencia constante contra los actores de información y de la impunidad que rodea a la mayoría de las agresiones, pedimos a los candidatos de las próximas elecciones que se comprometan para que se respete la libertad de información en su país y que las autoridades creen un Comité Especial de Protección de Periodistas durante el periodo electoral”, agregó Reporteros sin Fronteras.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había otorgado medidas cautelares a Manuel Murillo Varela después de que él y uno de sus colegas fueran secuestrados durante 24 horas y torturados por una veintena de policías vestidos de civil, el 2 de febrero de 2010. Según las denuncias del joven periodista ante el
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) y la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), los policías le exigieron que les entregara los videos que había grabado de las protestas del Frente Nacional de Resistencia Popular contra el golpe de Estado y lo amenazaron con asesinar a su familia. Manuel Murillo Varela continuó ejerciendo su oficio en medio de un infierno de amenazas e intimidaciones, hasta su asesinato.
Su caso encarna perfectamente el inconmensurable grado de violencia que padecen los periodistas desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. En vísperas de las elecciones generales, se resienten fuertemente las secuelas del golpe de Estado. Reporteros sin Fronteras ha registrado 9 asesinatos de periodistas ligados directamente con su profesión periodística en los últimos cuatro años.
No obstante, al menos otros 18 actores de la información han sido asesinados sin que se pueda probar hasta ahora si el crimen tiene relación con su actividad profesional. La cobertura de temas como la extracción minera, la “depuración” de la policía o la situación general de los derechos humanos parece haberse convertido en una fuente de represalias automática. La lentitud de los procesos y la falta de voluntad política son garantías, que van en aumento, de la impunidad. Frente a la violencia, los actos de censura y la persecución de los medios de comunicación comunitarios, ciertos periodistas como DINA MEZA o FIDELINA SANDOVAL han optado por el exilio.
Honduras se encuentra en el lugar 127 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa. La inseguridad, ya de por sí presente antes del golpe, se ha exacerbado y el país se ha convertido en uno de los más peligrosos del mundo para los periodistas y los defensores de los derechos humanos.
