En primer lugar, sabemos que no hay crecimiento sin incrementos en productividad. Pero hasta el fin del siglo XX, los incrementos en productividad ocurrieron predominantemente mediante la introducción gradual de mejoras continuas o innovaciones que podían alcanzar su máxima rentabilidad dentro del marco de las instituciones sociales, económicas, políticas y financieras heredadas del siglo XIX. Esto ya no es así. La crisis social del “desempleo” y la marginalización masiva de millones de seres humanos, desplazados del empleo tradicional por la acelerada automatización de los procesos productivos, demandan nuevas reglas e instituciones.
Ahora en México urge crear un clima de negocios favorable a la innovación, la productividad y el crecimiento. Crecimiento acelerado quiere decir que se buscará explícitamente crecer a tasas reales per cápita de crecimiento del PIB que permitan en no más de dos décadas integrar a los sectores modernos de la economía, ya sea industriales o de servicios (sin excluir a las actividades primarias de alta productividad e internacionalmente competitivas) a toda la fuerza de trabajo del país. El crecimiento debe ser suficiente para crear una economía de plena ocupación, en la que no haya ya individuos ni grupos obligados a sobrevivir en actividades de nula o escasa productividad y excluidos de los beneficios de la modernidad.
Es urgente crear condiciones adecuadas para que los emprendedores mexicanos participen en el crecimiento, aplicando una política eficaz de reducción de los requerimientos financieros del sector público. Para que el alto crecimiento se generalice y se vuelva incluyente es indispensable que el crédito en todas sus modalidades fluya con agilidad hacia las actividades productivas, sobre todo hacia las empresas medianas y pequeñas y hacia las más innovadoras, que en general son, coincidentemente, las que más ocupación generan por unidad de inversión. Para que esto suceda es indispensable reducir al mínimo nivel los requerimientos financieros del sector público, a fin de que la emisión de bonos de deuda pública se limite y deje de absorber parte del ahorro confiado por el público al sector financiero. Sólo de esta manera volverán el crédito y el financiamiento a estar disponibles para las inversiones productivas de las empresas mexicanas.
Con frecuencia se disfraza de “ortodoxia” económica la falacia de que es imposible alcanzar tasas de crecimiento más altas, suficientes para eliminar la subocupación “estructural”, sin generar algún tipo de “horrenda catástrofe”, que sólo puede remediarse con nuevas dosis de “austeridad”. Esto es una falacia, pues las experiencias exitosas de las naciones que alcanzaron su madurez industrial en las tres décadas siguientes a la Segunda Guerra Mundial, tales como Italia y Japón, y las más recientes de los “tigres” asiáticos demuestran lo contrario. Es muy posible crecer a tasas cercanas a la necesaria para alcanzar la plena ocupación productiva en no más de dos décadas, siempre y cuando se mantenga cuidadosamente el equilibrio de las finanzas públicas, cuyo desbalance, y no el alto crecimiento, ha sido la verdadera razón de las proverbiales crisis macroeconómicas latinoamericanas.
En México ha sido posible ya alcanzar una Inversión Extranjera Directa (IED) anual de más de 25 mil millones de dólares. Conforme a estas cifras, a más tardar a finales de 2014 la economía mexicana estará creciendo a tasas cercanas a 5% anual. Alcanzar estos niveles de crecimiento exige compromisos de inversión productiva por parte de empresarios nacionales y extranjeros, líderes en los sectores más dinámicos. Pero éstos no comprometerán sus recursos a menos que encuentren creíble el compromiso de las más altas autoridades del país con una meta de alto crecimiento, públicamente asumida como el objetivo de todas las políticas públicas.
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