Baptista recuerda que el fallecido alcalde de Santa Ana Maya, Michoacán Ygnacio López Mendoza, quien el 4 de octubre se puso en huelga de hambre por la quiebra municipal del ayuntamiento que gobernaba, y a días concluir su huelga, el 7 de noviembre sufrió un accidente que acabó con su vida.
“Es un asunto que también planteó el alcalde, el doctor Ygnacio hablaba de cómo acceder a los recursos, que las participaciones federales cayeron, que el único mercado donde les ofrecen dinero (a los municipios) es en los créditos bancarios o estos recursos federales mediante pago de contraprestación y que se ha recrudecido”.
Explica que el problema de las comisiones ha sido un tema planteado por las diferentes asociaciones de municipios, entre ellas la ALMAAC desde hace unos 10 años
Sin embargo en los últimos tres años ha venido creciendo el número de acusaciones de presidentes municipales que es más necesaria la comisión para recibir recursos federales.
La mecánica es aplicada por “consultores” o “gestores”. Las amenazas están descartadas. Más bien ofrecen recursos, y a partir de 2012 los destinados para asuntos deportivos y culturales, que eran asignados directamente, también deben negociarse. Más recursos para que los diputados asignen.
“Antes año con año los presidentes municipales iban a presentar a la Cámara de Diputados a presentar sus proyectos. Obras de infraestructura ya no hacen porque esa las hace el gobierno federal o los estatales. Si los gobiernos se los llevan los municipios los etiquetan, pero no los ejecutan los gobiernos municipales. En cambio desde 2012 esta bolsa de los recursos de espacios deportivos, de cultura. Las pavimentaciones es a través de los diputados federales, se asigna una bolsa, ellos asignan a qué distrito o municipio los canalizan, eso pareciera bueno, el problema es que de acuerdo con el señalamiento de diversos alcaldes es que se les pide una comisión o les sugieren la constructora que debe hacer el trabajo. Ahí se ha desviado el espíritu de los recursos”.
Cuestionado sobre si tienen registrados nombres de diputados, dice que los presidentes municipales evaden darlos, sabedores de que participan de la dinámica.
“Por nombres no se maneja, pero es evidente que cuando alcaldes plantean el tema dicen ‘bueno le entro o no le entro’ o quienes llegan a hablar a nombre de funcionario federal o diputado, les dicen que llegará seguro, y rápido pero piden contraprestación. Normalmente son gestores los que a nombre de esos funcionarios o diputados se acercan a los municipios”.
El tema ya ha sido planteado ante el Congreso de la Unión, aunque reconoce que no ha habido una acusación formal.
“Lo que está saliendo es gracias a los medios de comunicación y quienes lo han reconocido, saliendo a la luz pública. Es un problema que últimamente empieza a afectar a buena parte de alcaldes del país”.
Reconoce que hace falta denunciar, y eso se debe a que hay alcaldes que aceptan la práctica, aunque con la complicidad del cabildo.
“Pues sí, no es fácil que tú lo hagas a título personal aunque seas electo”.
Espera que el escándalo sirva para que los recursos lleguen a los municipios sin intermediarios.
“Es buen momento para que cosas ya no sucedan y los pocos recursos que llegan a los municipios que nadie los manosee”.
Con él coincide, el líder parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien denunció que el coyotaje parlamentario es una práctica común en San Lázaro, que la realizan la mayoría de coordinadores de los grupos parlamentarios y que convierten a los legisladores en “delincuentes con fuero”.
“La investigación sobre la extorsión y el coyotaje presupuestal que presuntamente practican algunos legisladores de esta legislatura va más allá de los diputados de un partido político o de los diputados del PAN y su actual coordinador. Cobrar una mordida o una comisión es incorrecto, ilegal e inmoral, en ese momento el legislador también se convierte en el mejor de los casos, en un coyote del presupuesto y en el peor de los casos en un delincuente con fuero”, afirmó el legislador de izquierda.
Monreal diferenció la gestión de recursos que cada legislador tiene derecho a realizar para realizar obra pública en sus distritos de la lamentable práctica de algunos líderes parlamentarios de exigir diezmo para aprobar determinados proyectos.
“Lo condenable, lo inmoral, lo ilegal no es la gestión de recursos para sus entidades o sus municipios o sus distritos, lo repudiable, lo inmoral, lo ilegal es cobrar una comisión por esa gestión o incluso proponer constructores para realizar esas obras que están en el contenido del presupuesto”, apuntó.
El líder parlamentario anunció que presentará un punto de acuerdo para solicitar a las autoridades pertinentes investigar las recientes denuncias de presidentes municipales de Guanajuato, que acusan a diputados federales –encabezados por Villarreal- de pedirles una comisión de 10 por ciento sobre cada proyecto, para destinar recursos a sus ayuntamientos y que incluso les exigen favorecer a contratistas asociados a los legisladores.
“No nos hagamos tontos, tanta responsabilidad tiene el que ofrece la vaca presupuestal, como el legislador que jala la pata de la vaca, y el constructor que le encaja el colmillo al presupuesto. Finalmente prácticas corruptas que nosotros no aceptamos”, enfatizó Ricardo Monreal.
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