por: Ivonne Melgar/ columnista
Convertido desde ya en el tema de las disputas electorales, la corrupción marca para bien y para mal el año que estamos por terminar.
Y más nos vale que para 2017 se convierta en preocupación y ocupación de gobiernos, legisladores y ciudadanos.
Hay que enfatizar que cerramos 2016 con la noticia del Inegi de que el asunto alcanzó relevancia en la percepción de los mexicanos, para quienes se trata del segundo problema del País, después de la inseguridad y la delincuencia.
Son cifras correspondientes al 2015 y lo significativo del reporte es que muestra una tendencia creciente en la idea de que la corrupción nos agobia por encima del desempleo y la pobreza.
El estudio: Estadísticas a propósito del Día Internacional contra la Corrupción, dado a conocer este 8 de diciembre, subraya que las experiencias de quienes se asumieron víctimas de un acto corruptor aumentaron de 2013 a 2015, al pasar de 2.0 a 2.4 eventos en promedio en el año.
“En los últimos años, esta mayor preocupación por el tema de la corrupción se ha acompañado también de un aumento en la percepción de que el mal desempeño del Gobierno es un problema importante en el País”, concluye el Inegi.
Resulta sugerente que el reporte subraye que las tasas de mayor incidencia de actos de corrupción se registraron en el Estado de México, Sinaloa y Chihuahua, con 62 mil 160, 58 mil 232 y 36 mil 472 actos de corrupción, respectivamente, por cada 100 mil habitantes.
Las cifras más altas corresponden a Morelos, Sinaloa y Chihuahua, donde del total de personas que acudieron a realizar personalmente algún trámite: 20, 18 y 17.6%, respectivamente, señalaron haber afrontado algún acto de corrupción.
Se trata de ciudadanos que durante 2015 hicieron un pago o una solicitud de servicio y, según su dicho, se toparon con alguna manifestación de este generalizado mal.
En su encuesta, el Inegi define a la corrupción como el hecho en el que se solicita, acepta u ofrece dar un bien o servicio, producto de una actuación ilegal que se deriva del aprovechamiento indebido y para beneficio personal de un cargo, posición o responsabilidad en una organización pública o privada.
Frente a estos números, vale recordar que al menos en el papel ya se diseñó un remedio institucional.
Porque si algo relevante hizo el Congreso este 2016 fue la construcción de las leyes secundarias que darán sustento al futuro Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), cuya puesta en marcha deberá concretarse en el próximo primer semestre.
Tampoco debemos olvidar que las resistencias del Gobierno de Enrique Peña Nieto a respaldar el impulso de algunas piezas de ese andamiaje —como la Ley 3de3 o de Responsabilidades de los Servidores Públicos— se vieron descarriladas por el adverso saldo electoral del PRI el 5 de junio.
Y es que como lo reconoció Manlio Fabio Beltrones al renunciar a la dirigencia priista, la corrupción con la que actuaron sus representantes en gobiernos estatales tuvo una relación directa con la derrota en las urnas.
Consecuentemente, al asumir la presidencia del PRI, Enrique Ochoa Reza tomó la bandera de la limpia en el partido y materializó su promesa con la denuncia ante la PGR del emblemático caso del año, el del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, ahora fugado.
El nuevo discurso priista fue acompañado por el marcaje de los expedientes de corrupción que se dieron en gobernantes de la oposición, como el exmandatario estatal de Sonora, Guillermo Padrés, quien se entregó a la PGR en noviembre y está en la cárcel.
Sin embargo, en ambos casos, el manejo ha sido más mediático e incluso de corte propagandístico. Eso seguirá sucediendo mientras el SNA no entre en operación.
Y si bien el Gobierno, Senado y Cámara de Diputados, tienen hasta julio próximo para poner en marcha el Sistema, se corre el riesgo de que el tiempo se acorte y se contamine con la coyuntura electoral en el Estado de México, Coahuila y Nayarit, y las prisas hacia el 2018.
Sería una desgracia que la falta de acuerdos persista en el primer trimestre del año en torno a los asuntos ahora estancados: el tránsito de la PGR a Fiscalía General y la definición del perfil del Fiscal Anticorrupción.
La negociación pasa por la insistencia de Los Pinos en que el procurador Raúl Cervantes se convierta en fiscal, aun cuando ya el presidente Peña aceptó que el refrendo no puede ser automático.
PAN y PRD, sin embargo, han advertido que no avalarán que el titular de la PGR sea un funcionario transexenal por nueve años.
De no desatorarse ese punto, tampoco habrá avance en la elección del Fiscal Anticorrupción. Y ese empantanamiento sería una de las peores noticias del sexenio, porque dejaría al SNA a la deriva de la disputa presidencial.
La inteligencia política y la capacidad de acuerdo estarán a prueba en 2017. Porque no basta con que los priistas renieguen de Duarte y vayan por más exgobernadores.
Se necesita la prueba mayor: perder el control de la persecución de los corruptos e institucionalizar la capacidad del Estado para castigarlos.
