Armando Ríos Piter / columnista
A poco más de un mes de encontrarse irregularidades cometidas, presuntamente, por un funcionario del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), es la hora en que dicha dependencia y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no han llegado a una conclusión al respecto.
Se trata de Francisco Javier Pérez Maqueda, director general de Inmuebles y Mantenimiento, a quien le fue asignado un automóvil, encontrado el pasado 10 de febrero con 4 millones de pesos en su interior.
Luis María Aguilar Morales, ministro presidente de la SCJN y del CJF, solicitó una investigación, que se amplió a cinco funcionarios.
El 15 del mes pasado todos fueron suspendidos. Sin embargo, el día 20, Pérez Maqueda aseveró en entrevista que nadie se lo notificó, que el día del hallazgo no laboró y días antes viajó fuera de la ciudad. Las llaves del carro estaban en el edificio y alguien le “sembró” el dinero. Señaló a su superiora, la Secretaria de Finanzas, como la persona quien busca criminalizarlo.
El individuo arribó a la Dirección de Inmuebles al mismo tiempo que el ministro Luis María Aguilar a la Presidencia de la SCJN y del CJF.
Ha participado en la adjudicación de contratos de obra pública entre 2015 y 2016, por más de 5 mil millones de pesos, algunos sin licitación. A mediados de febrero, la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades en el ejercicio presupuestario.
El funcionario suspendido asegura que Rosa María Vizconde, conjuntamente con la Contraloría, pretenden quitar funcionarios clave en la asignación de obras millonarias, quizá con el objeto de ejercer control sobre las mismas. Habla de ofertas de 15 por ciento que hacen las empresas para quedarse con las obras y afirma que las ganadoras de concursos poseían documentos de las licitaciones antes de los resultados. Por cierto, este servidor público ya había sido destituido e inhabilitado en dos ocasiones anteriores, aunque también exonerado.
Es preocupante que hechos de esta naturaleza, que en cualquier País implicarían un terrible escándalo, por tratarse de la parte del Estado encargada de impartir justicia, aquí se minimicen, para quedar sepultados en la “marabunta” diaria de la información. Esta República del “no pasa nada” tiene que llegar a su fin.
Por esta razón, presentaré, ante el Pleno del Senado, un Punto de Acuerdo para exhortar al presidente de la SCJN y del CJF, Luis María Aguilar Morales, a que ordene a la Contraloría del Poder Judicial una investigación exhaustiva sobre los recursos ejercidos por Pérez Maqueda durante su estancia en el Consejo de la Judicatura.
También para que se exhorte a la PGR a que acelere una investigación exhaustiva por lo ocurrido el 10 de febrero, así como por el mal ejercicio de los recursos públicos señalados. La presunción de actos de corrupción de esta naturaleza nos lleva a no quedarnos en la simple coyuntura, se requieren modificaciones profundas en el Poder Judicial.
Por tal razón, también presentaré una iniciativa para reformar lo relacionado con la integración y funciones del Consejo de la Judicatura.
Plantearé separar como Presidente de esta institución al de la Suprema Corte, para robustecer su independencia y dotarlo de la autonomía que requiere su función disciplinaria. Propondré que todos los servidores públicos adscritos a este órgano, sin excepción -y no solamente los ministros-, sean sujetos de responsabilidad. Se trata de someter a todos los integrantes del Poder Judicial al mismo esquema de responsabilidad unificando criterios, procedimientos y reglas, lo que redundará en beneficio de la independencia e imparcialidad de este último.
En caso de que el Consejo de la Judicatura identifique hechos que ameriten la remoción de un ministro de la SCJN, el expediente se turnaría a las cámaras del Congreso y mediante juicio político o declaración de procedencia, según el caso, sea éste el poder constituido y facultado para resolver en consecuencia. Anticipo que habrá quienes se opongan a este proyecto, como ya lo han hecho con la Constitución para la Ciudad de México, que ya contempla avances de este tipo para mejorar la impartición de la justicia. Pero si queremos verdaderamente combatir la corrupción en México, el Poder Judicial no puede estar exento de transformaciones profundas. Recordemos la máxima: “El buen Juez por su casa empieza”.
