Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Coetzala.- Es 2025, pero las mujeres siguen enfrentando obstáculos para ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con respecto a los hombres, especialmente en espacios donde su liderazgo y voz deberían de respetarse y cuidarse.
Un caso emblemático es el de la síndica, Clementina Yolanda Coyohua Zepahua, quien denunció ser víctima de violencia política por parte del alcalde, Alejandro García Hernández, quien obstaculiza sistemáticamente sus funciones.
A pesar de las múltiples denuncias que presentó, las acciones contra el responsable son poco contundentes.
Al edil lo inscribieron en el Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, por un periodo de 18 meses. Sin embargo, la medida fue calificada como insuficiente por organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.
Demandaron sanciones más severas y un cambio estructural que garantice la plena participación política de ellas sin temor a represalias.
Este caso refleja un problema sistémico que persiste en México, y en gran parte del mundo.
A pesar de los avances legislativos y la creciente visibilización de la violencia de género, las mujeres que ocupan cargos públicos siguen enfrentando hostigamiento, discriminación, y acciones destinadas a menoscabar su autoridad y trabajo.
La síndica Coyohua Zepahua manifestó su determinación de continuar luchando por la justicia y el respeto a sus funciones, pero su caso evidencia la urgencia de que las instituciones actúen con firmeza para erradicar la violencia política de género que persiste.
No basta con sanciones simbólicas; se requieren mecanismos efectivos que protejan a las féminas, y garanticen su pleno desarrollo en los espacios de toma de decisiones.
