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Nacional.- Este lunes 29 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sostuvo una reunión en Palacio Nacional con los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, acordando dos encuentros adicionales antes del término de su administración. Según Félix Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), estas reuniones están programadas para el martes 27 de agosto y a finales de septiembre, poco antes de que López Obrador entregue la banda presidencial a Claudia Sheinbaum Pardo, la virtual presidenta electa.
Rosendo Gómez Piedra, fiscal para el Caso Ayotzinapa, afirmó que la investigación continuará ya que la Fiscalía General de la República (FGR) no trabaja por sexenio y mantiene su compromiso de resolver el caso que conmocionó al país en septiembre de 2014, hace una década. “Seguimos investigando, la Fiscalía no está por sexenio… no se detiene la investigación, seguimos buscando, hay como ocho o nueve equipos en el campo, seguimos declarando personas, seguimos con las audiencias en los tribunales, no se para”, explicó Gómez Piedra a su salida de Palacio Nacional.
El fiscal también negó que las investigaciones se hubieran detenido tras su llegada al caso y señaló que se han solucionado muchos problemas internos de la dependencia.
Tras la reunión en Palacio Nacional, los familiares de los normalistas desaparecidos se encontraron con Claudia Sheinbaum Pardo en el Museo de la Ciudad de México. La virtual presidenta electa reiteró su compromiso con la búsqueda de la verdad y justicia para los 43 estudiantes desaparecidos, prometiendo seguir reuniéndose con los familiares. “Me comprometí a poner toda mi voluntad para dar seguimiento a la búsqueda de la verdad, la justicia y encontrar a sus hijos”, declaró Sheinbaum en sus redes sociales.
El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero, desaparecieron, un hecho que aún sacude a la población y que sigue sin esclarecerse totalmente. A pesar de los esfuerzos gubernamentales, la desconfianza persiste entre las familias afectadas, quienes han manifestado repetidamente su inconformidad con el desarrollo del caso y los obstáculos que han enfrentado en la búsqueda de justicia.
