El próximo 1 de junio, los ciudadanos de la Ciudad de México enfrentarán un proceso electoral inédito para elegir a los nuevos integrantes del poder judicial. En esta jornada, cada elector recibirá un total de nueve boletas, tres de ámbito local y seis de nivel federal, lo que podría hacer que el tiempo de votación se extienda considerablemente.
Según la consejera Cecilia Hernández, cada persona tardará en promedio 4 minutos y medio en seleccionar a los jueces y magistrados locales, mientras que la elección de juzgadores federales podría tomar hasta 9 minutos. En total, emitir el sufragio completo podría tomar alrededor de 14 minutos por elector, lo que podría impactar en la fluidez del proceso electoral.
Una elección detallada y con grandes implicaciones
La Ciudad de México se dividirá en 11 distritos judiciales. Aunque todos los capitalinos votarán por los cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, la elección de los 99 jueces y 34 magistrados estará determinada por el distrito donde resida cada votante. En todos los distritos se elegirán jueces en materia familiar y civil, pero sólo en algunos se podrá votar por jueces especializados en justicia laboral, para adolescentes, adopciones y otras áreas.
De acuerdo con la consejera Melissa Guerra, en este proceso están participando un total de 637 candidatos, de los cuales 328 son mujeres y 309 hombres. La inclusión de una amplia diversidad de perfiles promete una renovación significativa en el sistema judicial local.
Desafíos presupuestales para la organización del proceso
Un aspecto clave de esta elección es el financiamiento. Desde febrero, se reportó que el Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) que asumiera el costo de 45 millones de pesos para pagar los sueldos de los 5,000 capacitadores asistentes electorales (CAES). Sin embargo, la consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño, ha declarado que el instituto no cuenta con los recursos necesarios y ha solicitado una ampliación presupuestal a la Secretaría de Administración y Finanzas, sin que hasta el momento se tenga una respuesta definitiva.
La organización de esta elección representa un reto logístico y financiero significativo, pero también un paso histórico hacia la participación ciudadana en la configuración del sistema judicial. Con un proceso tan detallado y una gran cantidad de candidatos en contienda, la jornada del 1 de junio podría marcar un antes y un después en la administración de justicia en la capital del país.
