DE LA REDACCIÓN
EL BUEN TONO
XALAPA.- La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, dejó claro que corresponde al Congreso del Estado decidir el futuro de la fiscal general Verónica Hernández Giadáns, quien estuvo bajo el cobijo de Eric Patrocinio Cisneros Burgos, alias “Bola 8”.
“Son los diputados locales quienes deben analizar y determinar este tema”, afirmó Nahle, marcando una postura de distancia frente a quien ha sido señalada como una fiscal espuria, más interesada en ejecutar venganzas políticas que en garantizar justicia para los veracruzanos.
La designación de Hernández Giadáns estuvo desde el inicio plagada de irregularidades y acusaciones de sumisión política.
Su desempeño en la Fiscalía ha sido catalogado como uno de los más deficientes en la historia reciente del estado, con resultados mediocres en investigaciones de desapariciones forzadas, feminicidios y corrupción.
No sólo no pudo desligarse de su cercanía con Cisneros Burgos, sino que convirtió la Fiscalía en una extensión de sus intereses personales.
Hernández Giadáns no logró ganarse el respeto ni la confianza de los veracruzanos, quienes la identifican más como una edecán al servicio de Cisneros que como una funcionaria pública seria y comprometida.
El Congreso del Estado ha comenzado a mover las piezas para removerla, con una iniciativa de Morena que busca reducir el periodo del titular de la FGE de nueve a cuatro años.
Este movimiento no sólo busca deshacerse de Hernández Giadáns, sino también borrar cualquier vestigio del régimen autoritario que representó “Bola 8”.
El error más grave de Hernández Giadáns fue prestarse como herramienta de un poder que creyó eterno. La Fiscalía dejó de ser un órgano de justicia para convertirse en un arma de persecución política. Ahora, en medio del descontento ciudadano y la presión política, su caída parece inevitable.
Mientras la fiscal intenta aferrarse al cargo argumentando que “protesté por nueve años”, no obstante, el mensaje del nuevo gobierno es claro: su salida es inminente.
