AGENCIA
CDMX.- El gobierno de México y Vulcan Materials (antes Calizas Industriales del Carmen, Calica) esperan que en el transcurso de este año se defina el curso del arbitraje al que se apegó la empresa por la clausura de sus actividades de extracción de piedra de una cantera en la Riviera Maya.
Desde su llegada, la actual administración ha buscado cancelar la extracción de la piedra de los predios adquiridos por Calica/Vulcan desde 1986. Desde ese año y hasta 2018, la empresa obtuvo los permisos y licencias de aduanas para realizar voladuras con explosivos y retirar la piedra triturada.
Para permitir que el material fuera exportado se construyó un puerto dentro del perímetro del predio, compuesto a su vez de cuatro predios contiguos: Punta Venado, La Rosita, El Corchalito y La Adelita.
En 2009, el municipio de Solidaridad modificó el programa de Ordenamiento Ecológico Local y modificó el uso de suelo, prohibiéndose la extracción de roca del predio La Adelita.
En 2018, antes de iniciar la actual administración, la Profepa clausuró en El Corchalito, argumentando que no se habían respetado las áreas de extracción previstas en la Manifestación de Impacto Ambiental.
En noviembre de ese año, Vulcan entabló acciones legales para retirar la suspensión. La querella legal llegó hasta el arbitraje en un panel internacional.
En tanto se desarrollaba el proceso legal, la actual administración anunció el proyecto del Tren Maya, cuyo tramo 5 recorre la Riviera Maya y cruza Solidaridad.
Para dirimir el conflicto legal, el Presidente se reunió con el CEO de Vulcan, Tom Hill, en marzo de 2022, donde se le planteó a la empresa desistir de cualquier acción legal contra el gobierno de México y aceptar que éste adquiriera los cuatro predios.
El 3 de mayo, la Profepa clausuró La Rosita, único que estaba en operación. El conflicto legal se acentuó.
El 23 de mayo, Tom Hill y Andrés Manuel López Obrador se reunieron en Palacio Nacional, y ahí el empresario confirmó el apoyo de senadores de EU en su querella contra el gobierno de México, y el Presidente adelantó que acudiría la ONU para iniciar una demanda internacional.
Tras acentuarse el pleito legal, la semana pasada AMLO reconoció que la definición de la controversia está en manos del panel internacional y aceptó que México acatará el fallo que se emita.
Pidió que las más altas autoridades de EU viajen a la Riviera Maya para conocer el estado del predio del que se ha extraído piedra por más de 30 años y que, de acuerdo con él, ha configurado un “ecocidio”.
En tanto, Antony Blinken, secretario de Estado, reconoció que el conflicto entre el gobierno mexicano y Vulcan podría afectar el futuro de las inversiones de Estados Unidos en México.
