AGENCIA
Ecuador.- La Fiscalía de Ecuador confirmó que los cuatro cuerpos calcinados hallados en una zona agreste de Taura corresponden a los menores Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, desaparecidos el pasado 8 de diciembre tras ser aprehendidos por militares en el sur de Guayaquil.
El fiscal Christian Fárez presentó elementos de convicción contra 16 militares presuntamente implicados en el caso y solicitó al juez Dennis Ugalde la prisión preventiva por el delito de desaparición forzada. Durante la audiencia de formulación de cargos, realizada este martes, familiares, activistas de derechos humanos y vecinos exigieron justicia.
En las afueras de la unidad judicial, decenas de personas se congregaron con consignas como “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. En homenaje a los menores, niños jugaron fútbol portando botines colgados en sus hombros. Paralelamente, manifestantes a favor de los militares también se hicieron presentes con mensajes de apoyo. La policía intervino para evitar enfrentamientos entre ambos grupos.
Los menores desaparecieron la noche del 8 de diciembre tras salir a jugar fútbol en el barrio Las Malvinas, sur de Guayaquil. Según videos difundidos en redes sociales, fueron aprehendidos por militares cerca de un centro comercial y trasladados a Taura, donde se encuentra una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). Los militares afirman haberlos dejado con vida en el camino hacia la base, pero su paradero se desconoció hasta el hallazgo de los cuerpos.
La jueza encargada del caso determinó que la desaparición debe investigarse como forzada y con responsabilidad del Estado. La Fiscalía y organizaciones como el Comité por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) han destacado la importancia de esclarecer los hechos.
Billy Navarrete, director del CDH, señaló que un delegado del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos está participando en el caso. Navarrete advirtió que, si los análisis forenses confirman la identidad de los cuerpos, se sumaría el delito de ejecución extrajudicial al de desaparición forzada.
El caso ha generado indignación y preocupación nacional e internacional, subrayando la necesidad de justicia y garantías de no repetición.
Si esa tragedia ocurre en un país que no es bien visto por el Gobierno de los Estados Unidos, automáticamente los medios occidentales harían eco de lo sucedido, pero como ocurre en un país cuyo gobierno es un lacayo de EU no hay voces condenatorias.
Si los militares ecuatorianos están a esos niveles, ¿qué se puede esperar cuando estén patrocinados por los estadounidenses que ya casi están instalados en la base que le regaló el gobierno?