La condena de tres años y cuatro meses de prisión impuesta al ex diputado de morena en CDMX, Benjamín Saúl Huerta por agresión sexual a dos menores de edad ha generado críticas y cuestionamientos sobre la efectividad del sistema judicial. A pesar de la gravedad de los cargos, el hecho de que la sentencia no supere los tres años le permite al exlegislador continuar el proceso en libertad, generando inquietud y descontento en la opinión pública.
La confirmación de la sentencia por parte de la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX) también ha generado controversia al establecer que Saúl Huerta no será inscrito en el Registro de Agresores Sexuales de la ciudad. Esta decisión, basada en la consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la inconstitucionalidad de dicho registro, suscita interrogantes sobre la protección de la sociedad frente a potenciales agresores sexuales y la necesidad de revisar la legislación al respecto.
Con casi 11 meses ya cumplidos de su sentencia, Saúl Huerta permanece en prisión por un segundo proceso que aún está pendiente de conclusión. La situación resalta la urgencia de una reflexión profunda sobre la efectividad de las penas impuestas en casos de abuso sexual a menores, así como la necesidad de abordar adecuadamente las lagunas legales que podrían permitir que individuos condenados por delitos tan graves continúen su proceso en libertad.
