AGENCIA
Puebla.- Una investigación realizada por el medio Grada ha revelado que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) destinó más de 627 millones de pesos entre 2009 y 2017 para proyectos de infraestructura deportiva en Puebla. Sin embargo, no existen evidencias claras del impacto o avance de estos fondos en la mejora de la infraestructura o el desempeño deportivo del estado.
El dinero fue asignado a “Obra Pública” en 47 municipios, con el objetivo de mejorar los espacios deportivos y fomentar la práctica del deporte en la entidad. A pesar de la magnitud de los recursos, Puebla no logró avanzar significativamente en los resultados de las Olimpiadas Nacionales, donde no superó el puesto 11 en el medallero, su mejor actuación desde 2001. En los años posteriores, la entidad se ubicó en la decimotercera posición, sin mostrar una mejora considerable que justificara el gasto millonario.
Los gobernadores que estuvieron al frente de Puebla durante este periodo fueron Mario Marín Torres, del PRI, y Rafael Moreno Valle, del PAN, quienes recibieron los fondos de la Conade para su distribución. En 2008, el entonces presidente Felipe Calderón presentó un programa para ”propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar los espacios públicos para la construcción de canchas deportivas”, en el cual participaron varios municipios del estado, como Coronango, San Matías Tlalancaleca, Santa Rita Tlahuapan y Santa Clara Huitziltepec. Sin embargo, en estos lugares no existen evidencias claras de que se hayan cumplido los objetivos establecidos para el uso de estos recursos.
El actual gobernador de Puebla, Sergio Salomón, reconoció la existencia de una deuda pendiente relacionada con estos proyectos. “Hay un problema con la Conade desde gobiernos anteriores. Existe una sentencia que se debe pagar de 12 millones de pesos, pero es de un tiempo anterior”, señaló el mandatario, dejando en claro que aún queda trabajo pendiente para resolver la situación.
Esta falta de transparencia en el uso de los recursos destinados al desarrollo deportivo genera dudas sobre la efectividad de las políticas públicas implementadas en el estado y plantea la necesidad de una auditoría más exhaustiva para garantizar que los fondos sean utilizados de manera adecuada y que realmente beneficien a la población.
