AGENCIA
Nacional.- La comunidad internacional y los defensores de derechos humanos han levantado la voz ante los crecientes riesgos sociales asociados al mercado clandestino de renta de mujeres y venta de niños mediante la figura de la gestación subrogada, conocida también como “vientres de alquiler”. Esta práctica, bajo el disfraz de derechos y progresividad, en realidad encubre un lucrativo negocio que facilita el tráfico humano, aprovechando lagunas normativas y omisiones legislativas y judiciales a nivel nacional.
En respuesta a esta preocupación, recientemente el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea han acordado reformar la Directiva 2011/36/EU relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos, reconociendo la gestación subrogada como una forma de explotación y penalizando a quienes participen en ella, especialmente cuando esté vinculada con la trata de personas.
Esta medida, adoptada como un estándar regulatorio en la Eurozona, establece un precedente significativo para la protección de los derechos humanos a nivel global e interamericano, destacando los efectos perjudiciales que esta práctica tiene sobre las mujeres y los niños que nacen a través de ella.
Países como Alemania, Francia y España han optado por prohibir o regular de manera estricta la compraventa de gestaciones en sus legislaciones, enfocándose en la protección de la dignidad humana y el interés superior de la niñez. Para estos países, la filiación es un asunto de Estado que no puede subordinarse a lógicas de mercado ni de lucro.
En contraste, en México, aunque existen iniciativas aisladas a nivel estatal, como en Tabasco y Sinaloa donde se permite esta práctica bajo ciertas regulaciones, a nivel federal no hay una ley que prohíba la explotación reproductiva de manera integral.
Esta falta de regulación nacional ha convertido al país en un terreno fértil para el turismo reproductivo, donde las desigualdades sociales y la debilidad del Estado de derecho permiten la operación irregular de clínicas que facilitan la renta de mujeres y la venta de bebés.
En 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió la regulación de la gestación subrogada en Tabasco, pero las decisiones adoptadas ignoraron las recomendaciones internacionales y la evidencia de abusos contra mujeres y niños involucrados en esta práctica. Se privilegió la autonomía de decisión de las madres gestantes y el derecho de las clínicas a ofrecer estos servicios, pasando por alto los derechos fundamentales de las víctimas y las obligaciones internacionales del Estado mexicano.
Ante este panorama, organizaciones como el Early Institute han llamado a una intervención urgente para abordar integralmente la explotación reproductiva en México. Es crucial que el Congreso de la Unión y los congresos estatales comprendan la gravedad de esta problemática y adopten medidas efectivas para prohibir esta práctica como una forma de explotación, trata y discriminación.
El mensaje enviado por el Parlamento Europeo es claro: la gestación subrogada no puede ser tolerada cuando atenta contra la dignidad y los derechos humanos de mujeres y niños. Es hora de que México, como país comprometido con los derechos humanos, tome medidas contundentes para proteger a las víctimas de esta práctica y garantizar el respeto a su dignidad y derechos fundamentales.
