No cabe la menor duda de que las denuncias sobre delitos cometidos por quienes se dedican a la actividad política solamente encuentran un cauce legal para proceder penalmente contra sus presuntos responsables cuando hay un “interés” político por parte de quienes pretenden “destruir” a algún adversario al que hay que “quitar del camino” porque ya no es útil para la causa del grupo en el poder.
Si ese no es el caso, difícilmente los ciudadanos encontraremos que se haga justicia contra quienes al amparo del “poder” han cometido toda clase de tropelías e ilícitos para beneficiarse, desde ellos mismos hasta sus “círculos” más cercanos, de los privilegios que otorga una actividad que debería de estar al servicio del pueblo.
Viene a cuento esta reflexión porque han transcurrido ya tres semanas de las nuevas denuncias que surgieron a raíz de un trabajo periodístico realizado para evidenciar la forma en que ejerce su “liderazgo” el exdirigente del PRI en el DF, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, señalado desde 2003 como transgresor de la ley para imponer la suya y mantener el control de un partido que no ha sabido contrarrestar el bastión que para los perredistas ha significado la Ciudad de México.
Hoy que el PRI va “en serio” en la búsqueda de ganar espacios en el DF, de la “mano” del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, a quien ve como aliado para “desmantelar” a las mafias políticas que controlan a la capital del país y poder aspirar a obtener victorias importantes en 2015 cuando se elija a los 16 jefes delegacionales, así como a diputados locales y federales, la cúpula tricolor que encabeza el Presidente de la República ha decidido hacer a un lado al llamado Príncipe de la Basura que hace diez años se “apoderó” del priismo de la capital del país cuando con sus “golpeadores” cercó la sede nacional de su partido para impedir una reunión de su Consejo Político en el DF y obligó a sus 300 integrantes sesionar en el local de la FTSE hasta donde unos 200 integrantes del llamado Movimiento Territorial, del que era su líder, los alcanzaron e irrumpieron en el edificio para atacar a sillazos a los dirigentes, entre ellos María de los Ángeles Moreno y Fernando de Garay, quienes tuvieron que huir y refugiarse en la azotea del inmueble.
Y para ello han echado mano de viejas acusaciones, por demás actuales y vigentes, sobre la “forma de gobernar” al priismo defeño, pero que de antaño no han procedido penalmente debido a la “protección” de la que goza el personaje en cuestión. Y porque también algunos de esos políticos que hoy lo acusan se han beneficiado de las prácticas corruptas que acostumbra utilizar el dirigente tricolor.
Tan no sucederá nada que hasta la fecha no existe una sola denuncia penal sobre trata de personas o de algún otro delito en contra de Gutiérrez de la Torre. Lo que importa para sus “adversarios” es “desacreditarlo” socialmente, no procesarlo penalmente. Una vez desacreditado es más fácil “hacerlo a un lado” y después, pues que se pudra. Ya le conseguirán algún “cargo de consolación” o una vez que pase el tiempo volverá a la escena política bajo la premisa política de que “el pueblo no tiene memoria”. Así lo han hecho una y mil veces; lo más seguro es que así suceda nuevamente en esta ocasión.
Lo más trágico para la sociedad es que no es el único caso. Hay algunos diputados del Distrito Federal que también son impresentables. Evidenciados en el pasado y bajo otras siglas políticas también fueron acusados en su momento de transgredir las leyes y nunca pasó nada. Lo importante no es “hacer justicia” sino utilizar esas acusaciones para truncar carreras políticas o, también, hacer caso omiso a denuncias existentes para “fortalecer” esas mismas “trayectorias políticas” de quienes son “amigos” de aquellos que hoy están en el poder. De cualquier forma, la historia se repite.
