En una operación de inteligencia conjunta, autoridades federales han desmantelado una red de contrabando de combustibles que introduce grandes cantidades de gasolina y diésel a México sin pagar los impuestos correspondientes, afectando tanto la economía como la calidad de los productos que llegan al mercado.
El 19 de marzo, el buque tanque Challenge Procyon, bajo bandera de Singapur y propiedad de la naviera Altamarítima, llegó al puerto de Tampico, Tamaulipas, con 10 millones de litros de diésel a bordo. Aunque la tripulación afirmaba que transportaban aditivos para la fabricación de lubricantes, una inspección reveló que en realidad transportaban diésel de baja calidad proveniente de Houston, que no pudo ser vendido en Estados Unidos y fue enviado a México, eludiendo impuestos con una declaración falsa sobre la carga.
Este incidente forma parte de un modus operandi repetido: cada 10 días, buques cisterna ingresan al país con información falsa sobre la carga, permitiendo que combustibles de mala calidad entren ilegalmente. Las autoridades han confirmado que este diésel es distribuido en al menos 18 estados del país a través de empresas de fletes y gasolinerías cómplices.
Fuentes de seguridad estiman que el contrabando de combustibles afecta enormemente a la economía nacional. Hasta 300 mil barriles de combustibles, equivalentes a 40 millones de litros diarios, ingresan al país sin el pago de los impuestos correspondientes. De hecho, uno de cada tres litros de combustible que se comercializan en México proviene de estos métodos ilegales, ya sea por contrabando directo o por importaciones bajo fracciones arancelarias incorrectas.
El impacto de este fenómeno es considerable, no solo por las pérdidas fiscales que genera, sino también por los daños a los motores de los vehículos que utilizan estos productos de baja calidad. Se estima que las pérdidas anuales alcanzan los 525 mil 600 millones de pesos, afectando tanto a Pemex como a empresas privadas y generando ganancias para organizaciones criminales.
Además, el Challenge Procyon tiene una historia de asaltos en altamar, habiendo sido atacado por piratas en tres ocasiones en Indonesia y Perú antes de ser incautado por las autoridades mexicanas. Este caso subraya la magnitud del problema y la complicidad de una red de actores involucrados en la distribución ilegal de combustibles.
A medida que el gobierno federal refuerza sus esfuerzos para combatir este delito, las autoridades siguen trabajando para frenar el contrabando de combustibles que representa una amenaza tanto para la seguridad económica como para la salud pública.
“No solo son las gasolineras las que compran este combustible ilegal, sino también los transportistas de carga y pasaje.”
