En un acto decisivo para la estructura del gobierno mexicano, las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos aprobaron un dictamen que propone reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (APF), con el objetivo de ajustar la estructura del Poder Ejecutivo y enfrentar los retos actuales del país. Con 21 votos a favor y nueve abstenciones, el proyecto se orienta hacia una transformación integral, que no solo responde a las necesidades sociales y económicas del momento, sino que también busca consolidar el compromiso del gobierno con la igualdad sustantiva y el desarrollo tecnológico.
Entre las modificaciones clave, destaca la creación de la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Estas nuevas entidades permitirán un enfoque más inclusivo y vanguardista en políticas públicas, enfocadas en la igualdad de género y el impulso al sector tecnológico.
Por otro lado, la Secretaría de la Función Pública cambiará su nombre a Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, a la vez que ampliará sus facultades en temas de transparencia, protección de datos personales, profesionalización e integridad pública. Esta medida tiene como objetivo reforzar los esfuerzos contra la corrupción y mejorar la eficiencia gubernamental.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez, subrayó que estas reformas responden a necesidades estratégicas en áreas como la seguridad, la educación y el medio ambiente. Según Inzunza, estas modificaciones permitirán un gobierno más transparente y adaptado a las circunstancias actuales, consolidando las capacidades del gobierno para implementar políticas efectivas.
Lilia Margarita Valdez Martínez, presidenta de la Comisión de Gobernación, destacó que las reformas buscan erradicar la corrupción y transformar la realidad social del país, en la que la desigualdad ha sido histórica. Por su parte, la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, de Morena, recalcó que estas reformas son fundamentales para ejecutar el programa de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el que la equidad de género ocupa un lugar prioritario.
Sin embargo, no todos los legisladores coinciden. Ricardo Anaya Cortés, del PAN, expresó su preocupación por la propuesta de quitar facultades al INAI y trasladarlas a la nueva Secretaría de Anticorrupción. Mientras que Néstor Camarillo Medina, del PRI, consideró que aunque el dictamen incluye propuestas positivas, también existen riesgos e inconsistencias, como la centralización del poder en el Ejecutivo.
Desde el PVEM, Karen Castrejón Trujillo aplaudió la creación de la nueva Secretaría de Anticorrupción, al considerarla una herramienta esencial para combatir la ineficiencia burocrática y promover un gobierno más austero y honesto.
Por último, Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, alertó sobre las posibles implicaciones fiscales que podrían obstaculizar la puesta en marcha de las nuevas secretarías, debido a la reducción presupuestaria prevista para 2025.
En resumen, las reformas aprobadas marcan un paso significativo hacia la modernización del gobierno mexicano, con un enfoque en la igualdad de género y la optimización de la gestión pública, pero también enfrentan resistencias y desafíos en su implementación.
