COMISIÓN DE LA VERDAD

El gobernante en turno, Javier Duarte de Ochoa no va a renunciar porque hayan asesinado a un periodista más – a Rubén Espinosa-. No lo hará ni porque la prensa nacional e internacional haya volteado su mirada, otra vez, hacia Veracruz y señale su nombre en todas sus publicaciones y exijan que lo sometan a investigación judicial.  Tampoco va a renunciar porque cientos de compañeros de la prensa y ciudadanos solidarios marchen por las calles, se posen en plazas públicas y se desgañiten exigiendo justicia.

 

Las protestas se hacen y se vuelve a hacer. Han sido copiosas desde hace años. Cada vez que asesinan a un comunicador, decenas salen  a la calle gritando, denunciando y clamando porque la ley se aplique. Nada ha pasado. Duarte no se va por eso, no lo van a investigar ni lo llevarán  ante un ministerio público por muchos gritos y señalamientos que se den en la vía pública. Si México fuera un país democrático éste gobernante ya hubiera sido destituido desde hace tiempo y estaría bajo investigación judicial o en su caso, en prisión. La realidad es lo contrario,  la movilización ciudadana lo único que le provoca es risa.

 

¿Qué hacer entonces no sólo para que el gobernante veracruzano sea indagado sino también para que se trate de allegar justicia a los 15 periodistas asesinados y se localice a los otros cuatro compañeros que están desparecidos?. Utilizar los instrumentos que se tienen al alcance, usar la política y hacer efectiva la representatividad popular. Es decir a los hombres y mujeres que recientemente electos como diputados y senadores. Ellos tienen la llave en sus manos al menos para no dejar que toda la tragedia sea sepultada bajo una  montaña de impunidad y olvido.

 

Pocos legisladores se han pronunciado sobre el caso de Rubén Espinosa y los otros 14 periodistas abatidos en el sexenio duartista. No lo hacen porque son en cierta forma cómplices –por silencio, por conveniencia, por identidad partidista y por compartir el desprecio hacia la prensa no porque sean timoratos, aunque muchos de ellos sí lo son. Al momento sólo dos diputados federales electos han abordado el tema sin tapujos y han anticipado acciones que realizarán al llegar a San Lázaro para atender la situación mortal para el gremio reporteril en Veracruz.

 

Uno es el panista Miguel Ángel Yunes Linares que anunció una iniciativa para integrar una comisión parlamentaria que investigue los crímenes contra periodistas en la entidad. Un grupo plural,  lo llamó,  para que atienda una situación terriblemente anómala en el país:  Veracruz como uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, equiparable a una zona de guerra y donde los compañeros caen como si un asesino en serie fuera tras de ellos.

 

Hay quienes criticarán la intervención de Yunes en el caso y  lo acusen – por razones propias o por consigna- de “politizar” –esa definición tan estúpida cuando la política es para eso, para atender y resolver problemas y dar gobernabilidad-  la muerte del compañero Espinosa y usarlo a conveniencia. No es verdad, el legislador electo  una de las pocas voces que no duda en alzarse contra los mafiosos que gobiernan a Veracruz desde antes, no de ahora, aunque hoy su voz es más que útil porque se alza a  favor del gremio. Si logra que ese proyecto de comisión legislativa se concrete entonces  será un representante digno en la Cámara de Diputados.

 

En esa misma sintonía está el legislador electo por xalapa, Cuitláhuac García Jiménez quien se comprometió a llevar el caso de los asesinatos de periodistas veracruzanos hasta la tribuna de San Lázaro y en particular exigir desde ese estrado que se investigue al gobernante en turno, Javier Duarte de Ochoa como responsable de la ola criminal que se cernió sobre la comunidad periodística. El diputado García no se anduvo por las ramas y tocó otro punto que ya se dice a gritos a nivel nacional, la figura del secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita como  posible parte ejecutora de muchas de las agresiones contra los comunicadores.

 

No anda errado el legislador. A Bermúdez se le debe investigar con urgencia. Sus policías “acreditados” –más bien, entrenados para la represión y la eliminación de enemigos políticos- han sido señalados de  golpear y amenazar a periodistas pero también apalear a activistas sociales y maestros. En el sur y centro de Veracruz se les acusa de “desaparecer” a decenas de jóvenes. El padre del cantante amateur, Gibrán Martiz, lo señala de haber secuestrado y retenido en la Académica Estatal de Policía a su hijo, quien fue ejecutado junto con otro jovencito en enero del 2014. El monitoreo vía GPS del teléfono celular del cantante confirma que estuvo retenido en ese centro de entrenamiento policiaco.

 

Bermúdez es un tipo peligroso para el periodismo y para la población en general. Tanto él como Duarte tienen mucho que responder por el contexto de la violencia criminal en el estado y en especial por la embestida contra los reporteros. Yunes Linares y García Jiménez deben llevar a esos dos individuos hasta la palestra nacional para que sean indagados, no deben soltar el tema ni someterlo a negación política porque de lo contrario deshonrarán la  representación popular que se les confió.

 

Obviamente no faltarán los decepcionados que digan que formar comisiones o fiscalías especiales no sirve de nada porque la experiencia dicta que son esquemas para aletargar los casos y no llegar a ningún lado. Tienen razón pero tampoco han servido de nada las marchas, las protestas, los gritos ni los bloqueos, y estos no tienen carácter vinculante, es decir, la posibilidad de que sirvan para presionar legalmente a una autoridad a intervenir. Por eso, de no tener nada es mejor contar con ese instrumento, una Comisión de la Verdad  como las integradas en América Latina
tras la caída de las dictaduras genocidas que gobernaron en los años 60, 70 y 80.

 

En Veracruz urge esa Comisión de la Verdad porque los periodistas tienen el derecho de saber por qué mataron a los compañeros y quién o quiénes lo hicieron, y quienes los ayudaron con permisos o impunidad. Urge esa comisión porque hay que dar pasos hacia atrás hasta localizar la pista de los reporteros desaparecidos y tratar de hallarlos, a ellos con vida o a sus restos. No merecen una tumba anónima.  Y no sólo es una cuestión de justicia para las víctimas y sus dolientes sino para la sociedad que también tiene derecho de saber lo que sucedió en Veracruz sometido a una  cacería contra esos que la informan, los periodistas.   Las generaciones futuras deben tener los elementos para entender ese fenómeno mortal, para leer esos años oscuros de la fidelidad y su extensión, el duartismo.

 

Es, por supuesto, también una cuestión histórica: aplicar la Justicia Transicional que se debe implementar cuando terminan los gobiernos represores y mafiosos con el objetivo de tratar de  reparar el daño hecho a la población a causa de las violaciones a los derechos humanos. La  Justicia Transicional consiste de llevar a juicio a los responsables de esos atropellos mortíferos pero también de proporcionar la información sobre las víctimas, su paradero y su contexto. Veracruz lo necesita, el gremio tan lastimado lo merece y la historia lo exige. Ahora los legisladores tienen la palabra para hacer efectivo ese clamor de “ni perdón ni olvido”.

 

Por cierto, hasta ayer por la tarde la pregunta generalizada en Veracruz y en el país era sobre el paradero del gobernante en turno, Javier Duarte de Ochoa, ausente desde el viernes pasado cuando, aseguran varias versiones, partió al extranjero para disfrutar de vacaciones. El escándalo nacional e internacional por la masacre en la colonia Narvarte donde murió el fotorreportero Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera, no fue suficiente para que el mandatario estatal interrumpiera sus días de asueto.

 

Unos dicen que está en Miami, disfrutando de una mansión que tiene en ese lugar pero otros lo ubican en la región costera de España. Por lo pronto los jocosos ya exigen que se activé una Alerta Amber y el protocolo de búsqueda en todas las corporaciones oficiales porque el mandatario está literalmente desaparecido.  Al parecer dejó en piloto automático a la administración estatal.

 

RÍOS…DE CORRUPCIÓN

 

En temas más locales pero no menos preocupantes, el gobierno municipal del panista Tomás Ríos Bernal todavía no llega a la mitad de su cuatrienio y ya hace agua por todos lados. Es la administración de Ríos…pero de corrupción porque casi a diario surgen  escándalos que ponen en entredicho la honestidad del alcalde y sus colaboradores. El más reciente, dado a conocer por esta casa editorial, es el tráfico de influencias que practica el síndico Luis Alberto García Hernández que adquiere inmuebles a bajo costo para después revenderlos en precio de oro al ayuntamiento.

 

Sabedor de que las obras públicas que realiza la administración municipal requerirán la adquisición de esas propiedades,  se adelanta y compra los edificios a través de prestanombres para hacer negocio con el erario público. Algunos claman porque sea destituido pero tal medida no es suficiente, es necesario que al funcionario lo lleven ante el ministerio público porque esa práctica es un delito. ¿Cuántos otros negocios de este tipo hizo el síndico cordobés sin que hayan salido a la luz?

 

Otro caso que se conversa en los merenderos políticos cordobeses es la entrega amañada de contratos a una firma de abogados poblada cuyo socio es el expanista Sergio Penagos García para elaborar no solo el reglamento municipal que regirá el funcionamiento de parquímetros en la vía pública sino el fideicomiso de los mismos. Penagos es amigo personal de Ríos Bernal y fue su colaborador en su primera gestión como alcalde, hace ya 20 años. Claro habrá cercanía afectuosa entre el edil y el actual funcionario poblano pero eso no vale para quebrar la ley y hacer que los negocios de Penagos prosperen con cargo al bolsillo de los cordobeses.

 

El tercer asunto que se mastica en esos  mismos corrillos y que parece un poco descabellado, aunque no imposible, es que Ríos Bernal traicionará al Partido Acción Nacional (PAN) en los comicios del 2016 pues desde la tesorería municipal se apuntalará la “candidatura independiente” del cordobés, Gerardo Buganza Salmerón, quien fue su síndico en el trienio 1995-1997. Es decir, los contribuyentes de Córdoba costearán en parte ese proyecto de la fidelidad para llegar a la gubernatura de dos años. No cabe duda que muchos de los que votaron por Ríos Bernal hoy se deben  estar dando topes contra la pared porque el señor salió más corrupto que bonito.