Por: Andrés Timoteo / columnista
El nombre es una contradicción frente a lo que representa: un extermino, un crimen de Lesa Humanidad. En el predio conocido como Colinas de Santa Fe, ubicado al norte de la ciudad de Veracruz, estaría la fosa clandestina más grande del país. Allí fueron sepultados clandestinamente los restos de más de 300 personas, víctimas de los carteles del crimen organizado que operan en la Entidad desde hace dos sexenios.
Las Colinas de Santa Fe rebasaron a los cementerios clandestinos de San Fernando en Tamaulipas donde se hallaron 262 cadáveres y las de Tetelcingo, Guerrero, en las que localizaron los restos de 114 personas. Pero no es la fosa clandestina más grande del mundo –hasta el momento-, como algunos sensacionalistas difunden, pues en Treblinka, Polonia, el nazismo quemó e inhumó a 800 mil judíos.
En Burundi, África se han localizado 2 mil 500 fosas comunes, algunas con cientos de restos, y que en total sumarían casi 100 mil personas. En el poblado La Macarena de Colombia se localizó en el 2005 una fosa con 2 mil cadáveres mientras que en San Vicente, de Córdoba, Argentina, se enterraron clandestinamente 400 cadáveres de personas ejecutadas por la dictadura militar (1976-1983). En el 2014 se localizó una fosa común en Mosul, Irak con 400 cuerpos, y en abril del 2015 en la comunidad Maluku de Kinshasa, República del Congo, se encontró una inhumación clandestina con 425 cadáveres.
No obstante, lo de Colinas de Santa Fe para México y para Veracruz es un hallazgo espantoso, digno de una historia de terror, pero que de ficción tiene muy poco. Las fosas de Colinas de Santa Fe son el rostro de los doce años de terror que vivió Veracruz con el Fidelato. Si las organizaciones criminales lograron tener un cementerio privado donde sepultar a quienes asesinaban fue porque hubo un permiso evidente del Gobierno Estatal y de las administraciones municipales.
No hay que buscarle mucho: el predio se ubica a un costado de un fraccionamiento habitacional y para que fuera utilizado como tiradero de cadáveres fue necesario que las autoridades se desentendieran de lo que ahí sucedía, pese a que los vecinos lo denunciaron en muchas ocasiones. Allí hubo un vaivén de vehículos con sicarios que trasladaban cadáveres o personas maniatadas que serían asesinadas en el lugar.
Los criminales se tomaron su tiempo para escavar las fosas y hubo al menos una de grandes dimensiones –del tamaño de una alberca, dicen las fuentes- que fue llenada de restos humanos poco a poco. Es decir, la excavación permaneció abierta y paulatinamente fue rellenaba con cadáveres. ¿De verdad nadie supo de esto? Se deduce pues que los dos últimos gobernadores, el innombrable y Javier Duarte de Ochoa sabían lo que pasaba ahí, lo mismo que sus secretarios de Seguridad Pública y sus procuradores de Justicia, y callaron, y no hicieron nada, y aceptaron ese cementerio clandestino.
Lo mismo los últimos presidentes priistas de Veracruz: Jon Rementería Sempé, Carolina Gudiño Corro y Ramón Poo Gil, responsables de la demarcación municipal. Colinas de Santa Fe, no es la única fosa clandestina que hay en Veracruz –de hecho el Gobernador reveló ayer que fueron halladas más inhumaciones ilegales en el poblado San Julián, ubicado en la zona rural de la misma ciudad y donde habría “cientos de cuerpos-” pero si es un sitio icónico, que resume todo lo ominoso que se permitió en la Fidelidad.
Es también una vergüenza internacional. Es el oprobio, el destino que la delincuencia organizada en complicidad con las autoridades estatales y municipales dio a cientos de personas: una tumba oculta, hecha con la intención de que nunca fuera encontrada. Una sepultura anónima que en sí misma representa una doble tragedia: la muerte atroz para las víctimas y una agonía de por vida para su familiares que los buscan.
Las Colinas de Santa Fe dan también la razón al sacerdote oaxaqueño Alejandro Solalinde que en el 2011, el primer año de gobierno de Duarte de Ochoa, vino a Xalapa a reunirse con el entonces mandatario estatal y denunció a los medios de comunicación: Veracruz es la fosa clandestina más grande del País. Muchos lo condenaron y hostigaron por ese comentario, uno de ellos fue el persignado Gerardo Buganza, entonces secretario de Gobierno, pero el religioso decía la verdad.
De igual forma, las fosas clandestinas de Santa Fe, es un triunfo amargo para los integrantes de los colectivos que buscan a las personas desaparecidas. Hallaron ese cementerio de la delincuencia organizada con sus propios recursos y métodos, pues nunca fueron escuchadas por las autoridades estatales. Fueron ellas –porque en su mayoría son mujeres: madres, abuelas, hijas o esposas de los desaparecidos- las integrantes de esos colectivos quienes localizaron las tumbas clandestinas.
Ellas iniciaron las excavaciones por cuenta propia con un método rudimentario pero eficaz: una lanza de madera que enterraban y si al sacarla mostraba la punta ensangrentada o con materia putrefacta – se guiaban por el olor en muchas ocasiones- removían la tierra porque ahí se encontraba un cadáver. Ellas hicieron el trabajo que correspondía al Ministerio Público, y literalmente con sus propias manos, hallaron los cadáveres y los huesos.
Sin embargo, ahora que el Gobierno Estatal asumió la fase de extraer formalmente los restos humanos, con el proceso forense necesario para apoyar las investigaciones judiciales, surge otro brete: ni en Veracruz ni en México hay la tecnología ni los expertos suficientes para identificar genéticamente los restos humanos hallados. Es más, ni siquiera las salas forenses de la zona se dan abasto para albergar los cadáveres o fragmentos óseos.
Tampoco hay recursos presupuestales suficientes para contratar laboratorios especializados, que en su mayoría son extranjeros. Entonces, todavía queda un largo trecho que recorrer para que a las víctimas anónimas de Santa Fe se les dé un nombre, sean entregadas a sus familiares y éstos las sepulten debidamente para así iniciar el periodo de luto, necesario para, a largo plazo, aspirar a la reconciliación social. Claro, no sin antes tener justicia y construir la memoria histórica.
Por cierto, hoy la Universidad Veracruzana debe invertir en el futuro, así como lo hicieron las universidades argentinas en su momento: formar profesionales en medicina, odontología y antropología forenses, genetistas, tafonomistas y osteopatologos, entre otras disciplinas que serán muy demandadas a mediano y largo plazo pues son cientos de miles de restos a identificar en todo el país.
LA REESTRUCTURACIÓN
Ahora que la alianza PriMor – del PRI y Morena- rebasó el ámbito electoral y llegó al legislativo, impidiendo que se renegociaran los términos, intereses y costos de la deuda estatal, el Gobierno tendrá que presentar una restructuración pero de su gasto público para salvar la hecatombe financiera. No hay mal que por bien no venga y la negativa en el congreso local da pie a acciones innovadoras de ahorro y austeridad.
En primer lugar, es magnífica la propuesta de reducir a la mitad el presupuesto del Poder Legislativo, ahorrando más de 300 millones de pesos al año. Todos saben que al recinto legislativo de la calle Encanto le llaman “palacio” no porque tenga la estructura de tal sino porque los que allí laboran son como reyezuelos pues gozan de sueldos como si fueran secretarios de despacho, rodeados de edecanes, choferes y empleados administrativos, comen en los restaurantes más caros y se hospedan en hoteles de lujo.
Los legisladores viven una bonanza financiera en medio de la pobreza de todo Veracruz, pero ahora que hay que ajustar todo lo ajustable, entonces se debe obligar a que los diputados ganen lo que marca la medianía republicana, que su salario se reduzca a la mitad, que coticen sus seguridad médica en el IMSS, que no se les paguen hospitales privados, que se les retire todo privilegio indebido como los viáticos, los gastos de representación y el dinero que se les da para abrir casas de representación en sus distritos o para repartir dádivas clientelares.
Lo mismo va para para las dependencias del Gobierno estatal, ya que hay por lo menos una decena de ‘elefantes blancos’ que absorben más de 300 millones de pesos por año y que urgen ser desaparecidos. Hoy más que nunca se justifica la extinción de ocurrencias como la Comisión de Protección –risas- a Periodistas (25 millones) y la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) (23 millones), engendros del duartismo y la fidelidad para colocar en la nómina pública a los amigos del régimen.
Asimismo deben desaparecer paquidermos como el Instituto Veracruzano de Bioenergéticos (14 millones), el Consejo para el Desarrollo de la Cuenca del Papaloapan (30 millones), la Comisión de Arbitraje Médico (15.3 millones), el Colegio de Veracruz (28 millones), el Fideicomiso del Parque Takilhsukut (40 millones), el Instituto Veracruzano de la Viviena (40 millones de pesos) y la Representación del Gobierno Estatal en la Ciudad de México (12.5 millones).
Por otro lado, más que declararse el suspensión o moratoria de pagos a los deudores bancarios y bursátiles, como proponen los diputados panistas y perredistas, el gobierno de Yunes Linares tiene una opción más atractiva que tendría el respaldo arrollador de todos los veracruzanos: la suspensión de pagos a los partidos políticos que tan sólo en el 2016 exprimieron del tesoro estatal 258 millones de pesos.
Al PRI le dieron 74 millones de pesos, al PAN 55 millones, al PRD 27 millones, al PVEM 12.5 millones y a Morena 5 millones – según el Presupuesto de Egresos del 2016- y peor aún, a verdaderas sanguijuelas como Vía Veracruzana del exdirigente priísta Amadeo Flores, Generando Bienestar de Gerardo Buganza y a otras ocho organizaciones políticas se les regalaron más de 2 millones de pesos. Es hora de purgarlos y deshacerse de esas lapas.
Hay que obligar a los partidos nacionales a que usen el subsidio que les da la federación y que los partidos locales desaparezcan porque ni figuran en la geografía local, son meros negocios. Ahí tomará forma lo dicho por el gobernador Yunes Linares de que prefiere pagarle a maestros, médicos o policías que a los diputados, en este caso a los políticos vividores del erario.
Empero, al parecer el PRI habría reculado, frente a la catástrofe financiera que se avecina y de la cual no quiere pagar los costos políticos que conllevará. Por eso podría votar a favor de la reestructuración pues el gobernador Yunes Linares envió de nueva cuenta la iniciativa al congreso local y ésta sería votada nuevamente hoy viernes. Todo indica que al parecer Morena será el único que cargará con el costo político de dañar a los veracruzanos.
