CD. DE MÉXICO.- “Así se empieza… y se termina en dictaduras militares; no se juega con las armas”, sentenció desde la tribuna el senador Manuel Bartlett Díaz, del Partido del Trabajo, cuando argumentó contra las reformas al Código de Justicia Militar y el nuevo Código Militar de Procedimientos Penales que autoriza el cateo domiciliario a particulares, a oficinas de gobierno e incluso a los recintos de la Cámara de Diputados y del Senado, aun cuando la Constitución los define como inviolables.
Exsecretario de Gobernación y ex gobernador de Puebla, Bartlett intentó infructuosamente, junto con el senador Alejandro Encinas, que se aprobara una “moción suspensiva” a esas reformas aprobadas el 21 de abril en la Cámara de Diputados en medio de un escándalo por la modificación “en lo oscurito” del dictamen, que fue avalado sin modificaciones por el Senado el último día de sesiones del período ordinario.
La minuta proveniente de la Cámara de Diputados “se aprobó en siete minutos en la comisión, sin dar la oportunidad de hacer un estudio enorme, que requería mínimo semanas, porque toca asuntos muy delicados del país”, expuso Bartlett.
Y advirtió: “Las facultades de los fiscales militares son excesivas. El Código Militar de Procedimientos Penales crea un sistema dictatorial; este dictamen va más allá de la disciplina militar, viola la Constitución, engrandece a las fuerzas militares y viola la soberanía popular”. No sólo los senadores del PRD y del PT estuvieron en contra de las reformas a los procedimientos de justicia militar para ajustarlos al nuevo sistema acusatorio oral. Un documento de tres cuartillas, de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, dirigido el 27 de abril a los coordinadores parlamentarios y a los presidentes de las comisiones dictaminadoras, advirtió que el proyecto de decreto tenía “aspectos sustantivos” que debían revisarse para evitar mayores violaciones a los derechos humanos.
