La Ley de Seguridad Interior (LSI) contraviene la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, porque abre la posibilidad de vulnerar derechos y libertades básicas, deja a las fuerzas armadas la conducción de instituciones civiles, afecta el equilibrio entre la Federación y los estados, las instituciones, órganos del Estado y los poderes, afirmó ayer el ombudsman Luis Raúl González Pérez.
