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CNDH: cateo a bodega sin orden, abuso de autoridad de Fiscalía y la UECS

Superiberia

De La Redacción 

EL BUEN TONO 

XALAPA.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al director de la Unidad Especializada al Combate del Secuestro (UECS) por violaciones Graves de Derechos Humanos 88/2023.

Las autoridades correspondientes ingresaron sin orden de cateo a una bodega ubicada en el municipio de Río Blanco de la congregación Vicente Guerrero en donde presuntamente torturaron a empleados de dicho inmueble, los detuvieron arbitrariamente y les fabricaron pruebas para imputarles los delitos de ultrajes a la autoridad y contra la salud.

La CNDH confirmó la participación de uniformados adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), esto se logró luego de unas averiguaciones en donde se filtraron videos, testimonios y peritajes.

El material antes señalado desmiente la parte en la que se dice que el día 19 de junio de 2021, seis víctimas no fueron detenidas en las circunstancias señaladas por la autoridad, pues estas en los videos no portaban armas de fuego y que nunca agredieron a
las autoridades
ministeriales.

TORTURADAS

Según versiones extraoficiales se dio a conocer que las víctimas fueron torturadas con la latente amenaza por parte de las autoridades en donde les decían que si no firmaban la declaración matarían a sus familiares.

Cabe mencionaron que el organismo nacional encontró evidencia para señalar de manera directa al titular de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la FGE, Rodolfo Astudillo Medina, a quien la CNDH solicita se le investigue penal y administrativamente.

Los hechos ocurrieron el pasado 25 de junio de 2021, cuando el empresario de Río Blanco, José Antonio May González, denunció la irrupción ilegal en la bodega de su propiedad, así como las torturas a sus empleados, dando a conocer videos como pruebas de los abusos de autoridad.

De manera oficial se conoce que las víctimas hasta la fecha de hoy se encuentran presas, pues el Poder Judicial del Estado declaró como legal su detención y los vinculó a proceso, imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva.

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