Por Andrés Timoteo / columnista
Las regiones prioritarias para la Guardia Nacional, además de Córdoba y Orizaba, están en esa categoría el Puerto de Veracruz y Xalapa en la región Centro; Tuxpan, Poza Rica y Martínez de la Torre en el Norte; y Cosamaloapan, Acayucan, Cosoleacaque, Minatitlán y Coatzacoalcos en el Sur. Estos tres últimos municipios están también clasificados como una de las conurbaciones más violentas del planeta.
Además, de acuerdo con el reciente reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, Córdoba y Orizaba, junto con Río Blanco, figuran entre los quince municipios en el Estado y entre los cien del País donde el feminicidio se disparó al grado que se convirtieron en territorios hostiles para la población femenina. El Puerto de Veracruz y Xalapa lideran el listado nacional de asesinatos de mujeres.
La Entidad también ocupa primeros lugares en secuestro y desaparición forzada de personas. Es claro que incidencia delictiva no está a la baja como aseguran las autoridades estatales, ya que los reportes del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el mapa de distribución de la Guardia Nacional lo desmienten.
Considerando eso, al menos quince ciudades veracruzanas figuran entre las más violentas de la Nación y una, Coatzacoalcos, con su zona conurbada, está entre las 50 más peligrosas del planeta según el estudio del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Los “otros datos” con los que el Gobierno estatal pretende enmascarar la realidad se caen con los reportes de las instancias federales.
La semana pasada, el gobernante en turno aseguró sin empacho que en los primeros seis meses del año se habían bajado los índices delictivos y presumió que lo lograron sin haberlo prometido como su antecesor, el panista Miguel Ángel Yunes Linares. Vaya, ni siquiera esperó los dos años anunciados para menguar la criminalidad y, a su decir, la meta está cumplida. No dio cifras, obviamente, pero desde hace semanas sus colaboradores presumen un descenso de hasta un 31 por ciento en la estadística criminal.
Por supuesto que esto no coincide con los más de mil veracruzanos asesinados, entre ellos 125 mujeres y los 300 secuestros acumulados que van desde diciembre a la fecha. Y precisamente, en el tema de los feminicidios, junio fue el mes más violento, pues en promedio casi una mujer fue asesinada diariamente.
Aun así, hay funcionarios estatales que se empeñan en desmentir la realidad. Una es la jefa de la Oficina del Programa de Gobierno, Waltraud Martínez, quien exigió que la Fiscalía General “reclasifique” los homicidios de mujeres porque no todos son feminicidios. O sea, cuando no se puede ocultar lo evidente la solución es modificar el conteo para maquillar las cifras.
La ignorancia de la señora Martínez es supina, ya que los protocolos por la Alerta por Violencia de Género que tiene la Entidad exigen considerar de entrada todos los asesinatos de mujeres como feminicidios. Y a la defensa de los “otros datos” salió también Mónica Mendoza, encargada del Centro de Estudios para Equidad de Género del Congreso Local.
Presta para agradecer su ingreso a la nómina, Mendoza, quien fue vocera en Veracruz de las delegaciones federales durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pidió no manipular las cifras de feminicidio con sesgo político, es decir, que no se debe usar la estadística de los homicidios de mujeres para atacar al Gobierno Estatal. Nada más le faltó acusar que las mujeres se dejan matar a propósito para desprestigiar a la “Cuarta Transformación”.
Se trata de la misma activista de escritorio que hasta hace poco inundaba las redes sociales diciendo “Nos están matando” y “Ni una menos”. Le dieron un cargo estatal y se olvidó de las muertas. Ya hasta las considera enemigas del Gobierno de la Entidad.
