DE LA REDACCIÓN
EL BUEN TONO
NOGALES.- El municipio cierra el año con un aumento en la violencia, situación que no ha podido frenar ni enfrentar el alcalde Ernesto Torres Navarro, cuyo desempeño ha sido cuestionado. A pesar de las estrategias poco eficaces para combatir la criminalidad, la realidad es que las ejecuciones, levantones, cobros de piso, detenciones arbitrarias e inspecciones de rutina sin fundamento por parte de la Policía Municipal o Estatal, se han convertido en parte del día a día en esta localidad.
Por ejemplo, en lo que va del mes, tres personas han sido ejecutadas. El 3 de diciembre, dos jóvenes de 20 y 25 años fueron asesinados a balazos en el interior de una vivienda en la colonia Unión y Progreso, y lo peor de todo es que el caso sigue impune, sin detenidos.
El segundo caso ocurrió el martes 17 de diciembre, cuando fue ejecutado a balazos un comerciante apodado ‘El Amiguín’, quien vendía tortas frente a una tienda en el balneario Rincón de las Doncellas. Este caso también sigue sin avances en su esclarecimiento.
La violencia en Nogales sigue escalando, tanto que muchas personas han optado por tomar la justicia en sus propias manos. En el segundo semestre de este año, dos personas fueron linchadas, acusadas de robo en viviendas.
Además, los habitantes se han enfrentado en múltiples ocasiones con los policías municipales debido a abusos de poder y uso excesivo de la fuerza. Incluso se ha documentado en video cuando un policía desenfunda su arma y apunta hacia los ciudadanos, lo que demuestra la falta de capacitación en derechos humanos y control de situaciones de riesgo por parte de las fuerzas de seguridad.
Muchos residentes también se quejan de las detenciones realizadas por la Policía Municipal en complicidad con los agentes estatales, así como de los retenes falsos destinados a cazar conductores ebrios o realizar inspecciones sin justificación legal. Estas prácticas resultan en la detención arbitraria de ciudadanos, quienes son obligados a pagar multas de entre $10,000 y $20,000 sin recibir ningún recibo ni justificación legal de su detención.
