El jueves quedó consumado en Veracruz el asalto a las instituciones que, de por sí, de autónomas no tenían mucho, pero que ahora han quedado completamente sometidas a los designios e intereses de un régimen que todos los días hace denodados esfuerzos por erigirse como el peor de la historia reciente. Y mire que eso es bastante decir.
La ratificación de Verónica Hernández Giadáns al frente de la Fiscalía General del Estado, así como el nombramiento de los dos nuevos comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información que sustituyen a los que hace pocas semanas “renunciaron” por “cuestiones personales” –conservar el pellejo o evitar ir a la cárcel tras ser amenazado puede considerarse sin duda una “cuestión personal”-, eran asuntos más que cantados.
Incluso días antes de conocerse las “ternas”, todo mundo sabía cuál sería el resultado del “escrutinio” legislativo. Las rondas de entrevistas de “aspirantes” en el Congreso del Estado no fueron otra cosa que una vergonzosa pantomima, una farsa para intentar cubrir unas formas que de todas maneras nunca respetaron, pues desde la porril imposición de Hernández Giadáns como encargada del despacho de la Fiscalía se violentó la ley. Qué más daba pasársela de nueva cuenta por el “arco del triunfo” consumando la arbitrariedad.
Sin embargo, uno de los nombramientos rompió los pronósticos políticos y periodísticos en el estado: el de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción (hasta suena a mala broma), cuya titularidad recayó finalmente en Clementina Salazar Cruz, quien se desempeñaba como jefa de la Unidad de Género de la Oficina del Gobernador de Veracruz.
La que se consideraba sería la elegida para ese espacio era Ailett García Cayetano. No porque contase con merecimiento profesional alguno para el cargo, sino porque es hermana de la diputada federal plurinominal de Morena Dorheny García Cayetano, integrante del círculo más cercano del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
Precisamente gracias a esa cercanía con el titular del Ejecutivo del estado de la legisladora federal –que hasta antes de verse favorecida por el “voto parejo” por Morena en las elecciones de 2018 era una completa desconocida-, su cuñado Elio Hernández –esposo de Ailett García Cayetano- fue nombrado secretario de Infraestructura y Obras Públicas, dependencia en la que se mantiene contra viento y marea a pesar del enorme cúmulo de irregularidades en que ha incurrido y que son materia para un análisis aparte. Al fin y al cabo, “orgullo del nepotismo” a la veracruzana en tiempos de la “4t”.
Por eso es que llama la atención que Ailett García no haya logrado llegar al puesto. Empero, ello encuentra una explicación al analizar el perfil de los nombramientos recientes en la estructura de poder en Veracruz: todos responden a los intereses del secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, que en los hechos es quien manda políticamente en la entidad.
La misma fiscal Hernández Giadáns llegó a la FGE desde la Dirección Jurídica de la Secretaría de Gobierno y, gracias a ese padrinazgo, fue impuesta sin importar que no cuente con el perfil profesional para el puesto, pues como es conocido su carrera en la abogacía y en el sector público la desarrolló en ámbitos distintos al penal, en el que no tiene experiencia. Pero no la pusieron ahí para que procure justicia, sino para que defienda otros intereses.
Queda claro que políticamente, Cuitláhuac García Jiménez es menos que un cero a la izquierda en Veracruz. Uno más de la colección de “floreros” y figurines que pueblan ese museo de cera autodenominado “cuarta transformación”.