AGENCIA
CDMX.- Un Juez Federal dictó auto de formal prisión contra el general José Rodríguez Pérez y dos militares más por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
El auto de formal prisión fue dictado por el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, Enrique Beltrán Santes, por el delito de delincuencia organizada en contra del general Rodríguez Pérez.
El citado mando militar que fue señalado por el Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa como el responsable de dar la orden para asesinar a seis estudiantes normalistas que permanecían vivos el 30 de septiembre del 2014 en una bodega ubicada en la comunidad de Pueblo Viejo, Iguala.
El auto de formal prisión equivale al inicio del proceso penal contra el mando castrense dentro de la causa penal 15/2022, mismo que según su defensa, encabezada por los abogados Alejandro Robledo y César Omar González, se basa solamente en el testimonio de testigos protegidos.
El juez Beltrán Sántes también dictó auto de formal prisión contra otros dos militares que pertenecían al 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, por los delitos de desaparición forzada de personas y delincuencia organizada.
Se trata del entonces capitán José Martínez Crespo, actualmente preso por el delito de delincuencia organizada, y el cabo Eduardo Mota Esquivel, quienes fueron detenidos el pasado 16 de septiembre e ingresados a la prisión militar del Campo Militar número 1.
De acuerdo con los defensores legales de las familias de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre del 2014, hace ya casi nueve años, los integrantes del Ejército que hoy fueron sometidos a proceso penal están relacionados con el grupo delictivo “Guerreros Unidos” y estarían vinculados con la desaparición de los jóvenes estudiantes.
El cuarto militar involucrado, de nombre Fabián Alejandro Pirita Ochoa, tendrá su audiencia en las próximas horas, ya que fue detenido un día después que el resto de los involucrados.
La defensa de los militares que estaban subordinados al general José Rodríguez Pérez está a cargo de la Defensoría de Oficio Militar, actualmente a cargo del general Alejandro Ramos, quien ha sido funcionario de la Procuraduría General de la República y uno de los principales promoventes de la Ley de Seguridad Interior en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.
Los abogados César Omar González y Alejandro Robledo forman parte del grupo de litigantes que la actual Fiscalía General de la República (FGR) considera muy cercanos al ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.
