En días pasados los partidos políticos han manifestado su intención de generar medidas que prevengan la infiltración de gente o recursos vinculados con el crimen organizado en la política nacional, a través de dotar de atribuciones especiales al nuevo INE y a la Secretaría de Hacienda. Desafortunadamente la iniciativa hoy sólo está prevista para las candidaturas independientes.
Se trata de una propuesta mediante la cual el Estado tendría las facultades para investigar de manera preventiva la probidad y origen del patrimonio y los apoyos privados destinados a las campañas políticas de los candidatos independientes.
Ahora bien, la preocupación resulta oportuna toda vez que no es novedad que día con día salen a la luz más casos en que la política se ve acechada por el narcotráfico y los grupos delictivos. El más reciente y llamativo de estos escándalos es el arraigo a Jesús Reina, exsecretario de Gobierno en Michoacán, por presuntos vínculos con las mafias que operan en la zona.
En el pasado no podemos olvidar lo sucedido con Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo, quien fuera detenido en 1999 por acreditarse sus vínculos con narcotraficantes de la talla de El Güero Gil y Don Beto, así como permitir desde su cargo la entrada al país y trasiego de cocaína proveniente de Colombia; igualmente el caso del general Gutiérrez Rebollo, quien en 1997 fue detenido al acreditarse una serie de conversaciones con Amado Carrillo, El Señor de los Cielos. Recientemente también hemos tenido noticias acerca de que el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, presuntamente recibió importantes sobornos para permitir que la delincuencia organizada operara en su estado y se permitiera el paso de la droga al país vecino.
Todos los ejemplos anteriores revelan que seguramente no son los únicos casos que existen en la actualidad, sino que se trata de aquellos que, por diversos motivos, son los que hoy son inocultables y por lo tanto han salido a la luz pública (casualmente a partir de denuncias en EU).
Esto revela que hoy existen múltiples funcionarios públicos que, además de omitir sus responsabilidades, colaboran con la criminalidad a cambio de ganancias ilícitas millonarias.
Ante todo esto, es aplaudible que los partidos políticos diseñen fórmulas legales que acoten esos incentivos para que la delincuencia se infiltre en la política, así como que se incrementen los controles y sanciones para evitar que se infiltren gentes indeseables en los cargos públicos.
Hay que entender que se trata de uno de los mayores males que hoy enfrenta la sociedad mexicana y por lo cual exige las máximas capacidades y voluntad del Estado para impedir que se desdibuje la frontera entre quien tiene el deber de defender a una sociedad y quien busca delinquir con una de las actividades más nocivas, como lo es el narcotráfico.
Sin embargo, lo que vale la pena preguntarse es por qué los partidos sólo proponen que sean los candidatos independientes quienes deban someterse a ese tipo de investigación o veteo preventivo. Es decir, cuál es el impedimento para que ese tipo de investigaciones biográficas y patrimoniales no se hagan a la totalidad de personas que tienen intenciones de acceder a un alto cargo público de elección popular (al igual que practicar estas investigaciones durante el ejercicio del cargo).
No debemos olvidar que en México ya ha habido casos de personas que buscan un cargo de elección popular con tal de alcanzar el fuero constitucional y así evitar ser procesados por la justicia (el caso de Julio César Godoy Toscano, medio hermano del exgobernador de Michoacán). Se trata de un fenómeno creciente que debe tratarse con absoluta responsabilidad de Estado y sin excepciones.
Por esta razón son loables las iniciativas que buscan blindar la política de las infiltraciones de gente indeseable, mientras sean medidas integrales y eficaces. Sencillamente se trata de aplicar fórmulas parejas para que, quien quiera acceder a la política tenga el derecho de hacerlo, al mismo tiempo de que se sometan a controles rigurosos que garanticen de forma preventiva contar con un sistema político exento de ese cáncer que es el crimen organizado.
*Abogado y extitular de la Fepade
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