Este martes, la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 410 votos a favor, 24 en contra y cero abstenciones, una reforma histórica que eleva a rango constitucional la prohibición del fentanilo ilícito y el uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos en México. La iniciativa, que forma parte de un paquete de 20 propuestas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene como objetivo proteger la salud de los mexicanos frente a los riesgos asociados al consumo de estas sustancias y dispositivos.
La reforma fue impulsada tras alarmantes cifras reveladas por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2022, que destacó el creciente uso de cigarrillos electrónicos en la población adolescente y adulta. Según el estudio, el 2.6% de los adolescentes y el 1.5% de los adultos en México habían utilizado cigarrillos electrónicos, lo que refleja un problema creciente que afecta a la salud pública.
Además, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que en 2022 alrededor de cinco millones de personas entre 12 y 65 años habían probado un vapeador, con un uso regular en 975 mil personas. Ante estos preocupantes datos, el Congreso decidió avanzar con una reforma que prohíbe no solo el consumo, sino también la producción, distribución y comercialización de cigarrillos electrónicos, vapeadores y sustancias como el fentanilo, que continúan causando estragos en la salud de la población.
La reforma modifica los artículos 4º y 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incorporando medidas más estrictas en la protección de la salud. Esto incluye la criminalización de actividades relacionadas con estas sustancias y dispositivos, además de la producción y distribución de precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas, como las metanfetaminas.
Próximos pasos y plazos
El dictamen aprobado establece que el Congreso de la Unión tendrá 180 días para armonizar el marco jurídico con el contenido de esta reforma, mientras que las legislaturas locales deberán adecuar sus leyes dentro de un plazo de 365 días. A pesar de la magnitud de los cambios, se acordó que no se asignarán recursos adicionales para llevar a cabo las reformas, lo que implica que los costos asociados serán cubiertos por los presupuestos ya aprobados para el ejercicio fiscal en curso.
Con esta reforma, el gobierno mexicano da un paso significativo en la lucha contra las adicciones y la protección de la salud pública, con la esperanza de reducir los riesgos asociados al uso de sustancias nocivas y proteger a las generaciones futuras de sus efectos devastadores.
