En una sesión histórica, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con solo dos abstenciones, la reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Esta iniciativa, enviada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en septiembre de 2024, busca reforzar el control y la regulación del uso de armas en México.
Luis Arturo Oliver Cen, diputado de Morena y general en retiro, fue el encargado de fundamentar el dictamen. Explicó que la iniciativa inicial fue reelaborada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tras detectar inconsistencias y áreas de oportunidad en el análisis técnico realizado por la Comisión de Defensa Nacional.
La reforma incluye modificaciones a 59 artículos y varias adiciones, con el objetivo de reforzar la seguridad pública y evitar el uso indebido de armamento. Una de las medidas más relevantes es la obligación de que los poseedores legales de armas designen a una persona responsable en caso de fallecimiento o ausencia, para garantizar el destino final adecuado del arma.
Además, se establece la protección jurídica para los deportistas de caza y tiro, siempre que estén debidamente registrados en un club o asociación avalada por la Sedena. La reforma también transfiere diversas tareas de regulación de armas a la Sedena, y fortalece las medidas para evitar que los criminales puedan explotar vacíos legales en la ley.
Ricardo Mejía Berdeja, diputado del PT, destacó que esta reforma impone controles más estrictos sobre la adquisición, posesión, transporte, y comercio de armas. “Las disposiciones precisas sobre el manejo de armamento buscan evitar que delincuentes y comerciantes abusivos se aprovechen de cualquier resquicio legal”, afirmó.
Por su parte, Lorena Piñón Rivera, diputada del PRI, argumentó que la regulación responsable del uso de armas en manos de civiles es una estrategia clave para combatir el crimen organizado. Subrayó que la reforma no busca armar a la sociedad, sino despojar de poder a aquellos que lo poseen sin ningún control.
La minuta de la reforma fue enviada al Senado para su discusión y votación final, con la expectativa de que pronto se convierta en ley, marcando un paso importante en la lucha contra la violencia armada en el país.
