Con 350 votos a favor de Morena, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano, la Cámara de Diputados aprobó la expedición de la nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que también implicó modificaciones a leyes en materia de austeridad, economía social y sociedades cooperativas. El decreto ahora pasará al Senado de la República para continuar con el proceso legislativo.
La iniciativa fue rechazada por 100 legisladores del PRI y el PAN, quienes criticaron la reforma y la consideraron un mecanismo que podría facilitar adjudicaciones directas y falta de transparencia en las compras gubernamentales.
Cambios clave en la ley
Uno de los aspectos más relevantes fue la redefinición del “precio no conveniente”. Originalmente, se definía como aquel que resultara inferior en un 40 % al promedio obtenido en la investigación de mercado. Sin embargo, la bancada de Morena, a través de la diputada Claudia Rivera Vivanco, impulsó una modificación para que este precio se determine a partir del promedio de las propuestas aceptadas en el proceso de contratación, con una reducción adicional determinada por la Secretaría en el reglamento de la ley.
Este ajuste busca evitar que algunos licitantes ofrezcan precios extremadamente bajos con la intención de eliminar competencia y monopolizar las contrataciones.
Además, se ampliaron los plazos para confirmar la cotización ganadora y para el cumplimiento de los contratistas, pasando de 10 días naturales a 10 hábiles en el primer caso y de 15 días naturales a 15 hábiles en el segundo.
Críticas de la oposición
Desde la oposición, PAN y PRI cuestionaron la iniciativa. El diputado panista Federico Döring argumentó que la reforma permitirá que el gobierno adjudique contratos de manera discrecional, favoreciendo a ciertos proveedores.
Por su parte, la diputada Margarita Zavala cuestionó la manera en que se realizó la modificación del “precio no conveniente”, sugiriendo que no se analizó a profundidad antes de presentarse.
El diputado Arturo Yáñez Cuéllar, del PRI, calificó la reforma como la “ley de cochupos de Morena”, argumentando que excluye a Pemex y CFE de cumplir con la normativa, permitiendo así mayor opacidad en sus procesos de adquisición.
Transparencia y estándares internacionales
Por otro lado, Ricardo Mejía Berdeja, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, defendió la reforma asegurando que moderniza el sistema de contrataciones y lo alinea con estándares internacionales. Resaltó la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas y la Tienda Digital del Gobierno Federal, además del fortalecimiento de las compras consolidadas a través de comités especializados.
El debate sobre la nueva Ley de Adquisiciones refleja las tensiones entre oficialismo y oposición en la definición de mecanismos para hacer más eficientes y transparentes las compras gubernamentales. Ahora, el Senado tendrá la última palabra en su aprobación.
