De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba.- Han transcurrido ya tres años desde que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) detectó un daño patrimonial de 107 millones de pesos durante la administración de Leticia López en Córdoba, sin embargo, la Fiscalía del Estado sigue sin actuar.
Hasta el momento, nadie del gobierno de Leticia López ha sido llevado ante la justicia, ni se les ha obligado a devolver un solo peso de lo robado del erario público, menos han pasado un solo día tras las rejas.
El contraste se ve con otros casos similares en el estado, por ejemplo, el ex alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, enfrenta un proceso legal por un daño patrimonial de 92 millones de pesos, y hasta se giró una orden de aprehensión en su contra.
La disparidad en el tratamiento de ambos casos pone de manifiesto la corrupción e impunidad que prevalece en las instituciones encargadas de impartir justicia en Veracruz.
La ciudadanía exige respuestas y acciones inmediatas.
No es suficiente con que se hagan señalamientos y se presenten pruebas si, al final, la justicia es selectiva y los culpables evaden las consecuencias de sus actos.
Este tipo de corrupción no sólo daña la confianza en las autoridades, sino que también perpetúa un ciclo de corrupción que sigue afectando a las finanzas y al desarrollo de la región.
La Fiscalía del Estado debe actuar con la misma firmeza y celeridad en todos los casos, sin distingo, y sin importar los nombres involucrados.
