La fiscalía especializada en violencia contra mujeres y trata de personas llevó a cabo una intervención policíaca en uno de los miles de bares de baile erótico que operan como burdeles de 24 horas. La autoridad intervino luego de recibir una denuncia en que se aseguraba que en el bar Cadillac, de la colonia Anzures, se daba un claro caso de explotación sexual comercial de una veintena de mujeres. Las mujeres que bailaban fueron llevadas ante el Ministerio Público para declarar que eran víctimas de explotación sexual en forma de esclavitud, que en el Código Penal se considera parte del delito de trata. Inicialmente la mayoría de las adultas jóvenes que fueron “rescatadas”, excepto dos, aceptaron firmar la declaración; luego de que las que se negaron fueron acusadas por la Ministerio Público de ser cómplices de trata junto con los meseros, el barman y los bouncers o guaruras que controlan a los clientes en el bar. Luego de declarar pidieron ayuda a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Aseguraron que no son víctimas de nada y que no tienen sexo a cambio de dinero en el establecimiento. En respuesta, la fiscalía hizo saber a los medios que las víctimas de trata generalmente están aleccionadas para proteger a sus explotadores. Lo cuál es cierto. Insistieron en que en la mayoría de los casos las víctimas de trata tienen estrés postraumático y un vínculo emocional con sus captores denominado Síndrome de Estocolmo. La autoridad luego hizo una extraña declaración para defenderse de las acusaciones de violación de derechos humanos de las mujeres, a quienes se les ha dado la opción de admitir que son víctimas o culpables; dijeron a los medios que se encontraron “evidencias de trata de personas, tales como rastros de semen y condones” en las cabinas en las que las mujeres bailaban y tenían sexo con las mujeres. Semejante declaración demuestra que la fiscalía contra la trata se ha dado la libertad de llevar a cabo razias de mujeres en contexto de prostitución que son ilegales y efectivamente violatorias de los derechos humanos. Confunden el hecho probado de que existen intercambios sexuales con flujos vaginales y seminales, con la trata de personas. Me parece importante que la autoridad explique cómo llegan a esa extraña conclusión. Y este es un problema monumental no sólo en México sino en todo el mundo por las complejidades que presenta la trata de personas en el contexto de la industria del sexo comercial. La mayoría de países del mundo han pasado las leyes sin el debate indispensable sobre prostitución. Los que se llevaron brevemente a cabo en México, como los de España y Estados Unidos, terminaron en una mayor polarización entre activistas. Unas buscan la legalización o regulación de la prostitución y su consiguiente denominación como “trabajo sexual” con los consiguientes derechos y responsabilidades en una ley laboral que debería de incluir la venta de servicios sexuales en su regulación, lo mismo que el pago de impuestos y la consiguiente seguridad social. Otras postulan que toda forma de prostitución es un producto de la violencia de género, de la discriminación sexual no se erradicará en la medida en que las mujeres estén en venta como objetos de placer. Hay feministas como Marta Lamas quienes plantean que la postura de las abolicionistas de la prostitución es un producto sociocultural moralino, anticuado, resultado de una subjetividad psíquica que ve la sexualidad como algo pecaminoso y no entiende que haya mujeres que son capaces de vender su cuerpo de manera libre. Reivindica el “mi cuerpo es mi oficina” de algunos grupos de mujeres en el mundo del sexo comercial. Las abolicionistas insisten en que se trata de detener la doble moral sobre la sexualidad de las mujeres. Lo cierto es que es un debate álgido. Aclaro que estamos hablando de adultas en este caso. Mientras no se tomen acuerdos sociales concretos sobre si es o no legal la prostitución, nada cambiará. El trato de la autoridad hacia las mujeres adultas en el contexto de la industria sexual es inaceptable. La fiscalía debe hacer investigación previa, centrada en los supuestos tratantes; documentar sus prácticas (no sexuales sino de explotación humana), que documente el no pago o extorsión, la violencia psicológica, el control de las libertades, el dolo y la mentira para la contratación, el lavado de dinero, etcétera. Efectivamente en el contexto de la mayoría de esos prostíbulos las condiciones son deplorables, se ejerce violencia contra las mujeres que están allí como objetos sexuales pero la autoridad no debe violentar sus derechos, ni condicionar su libertad a cambio de que declaren contra la o el supuesto tratante. Es un tema complejo, porque a veces lleva hasta un año que una persona se percate de que está siendo esclavizada, y la autoridad no quiere esperar. No es lo mismo cerrar un prostíbulo de adultas que desactivar una red de tratantes. Cuando se comenzó a evidenciar la violencia doméstica contra mujeres, nadie iba a sacar por la fuerza a las mujeres de su hogar. La manera en que se creó conciencia y ley, fue con el poder de las propias mujeres que se reconocieron como víctimas y lucharon por sus derechos. Hay también un componente económico: las hay que no pueden dejar al agresor por su dependencia económica. En el caso del sexo comercial si no hay opciones económicas reales para la mayoría, muchas se verán forzadas a resistir para subsistir. Lo cierto es que la autoridad se equivoca: no se rescata a quien no se considera en peligro. Si esta es una cruzada moral para cerrar prostíbulos adultos, que la autoridad lo deje claro; si es una estrategia antitrata, que haga bien su trabajo: sin violentar a las mujeres y sin amenazarlas.
