AGENCIA
Nacional.- Una investigación de la organización CartoCrítica, respaldada por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), reveló el alarmante impacto del fracking en México. Según el estudio, en cuatro de las cinco regiones con potencial para la extracción de hidrocarburos no convencionales, se podrían perforar hasta 14 mil 543 nuevos pozos, lo que implicaría un consumo de 470 mil millones de litros de agua.
Cada pozo requiere al menos 4 mil pipas de 10 mil litros de agua, una cifra comparable al abastecimiento del Sistema Cutzamala durante dos meses al año, según Manuel Llano, director de CartoCrítica. Estas operaciones afectarían zonas con niveles críticos de disponibilidad hídrica, agravando la crisis climática que ha dejado al país en sequía severa durante tres años consecutivos.
Las regiones en riesgo incluyen Sabinas y Burro-Picachos (Coahuila y Nuevo León), Burgos (Nuevo León y Tamaulipas) y Tampico-Misantla (Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí), donde el fracking afectaría el suministro de agua para consumo humano y provocaría daños ambientales y sociales.
Luca Ferrari, investigador de la UNAM, detalló que la fracturación hidráulica utiliza grandes volúmenes de agua mezclados con químicos tóxicos, lo que ya ha causado microsismos, contaminación y problemas de salud como cáncer en comunidades cercanas. Además, genera problemas sociales como aumento en la violencia hacia las mujeres y enfermedades de transmisión sexual debido a la llegada masiva de trabajadores.
Ferrari también señaló que el fracking es ineficiente desde el punto de vista energético: Entre el 25 por ciento (%) y 50% de la energía obtenida debe reinvertirse en su producción. En Estados Unidos, donde se perforaron 1.4 millones de pozos, su rendimiento cayó al 10% en tres años, lo que cuestiona la viabilidad económica de replicar el modelo en México.
Ante este panorama, especialistas y organizaciones han fichado a 37 diputados de distritos en riesgo hídrico para exigirles que apoyen iniciativas contra el fracking, como una reforma constitucional ambiental aprobada en comisiones en agosto y una prohibición del uso de agua para esta práctica en la Ley General de Aguas.
“Casi el 90% de los distritos con potencial para fracking están en manos de Morena, el PVEM y el PT, por lo que la coalición mayoritaria tiene la responsabilidad de proteger el agua para la gente y no para el fracking”, afirmó Beatriz Olivera, de la Alianza Mexicana contra el Fracking.
La discusión legislativa será crucial para decidir el futuro de esta práctica, que podría comprometer aún más los recursos hídricos y ambientales del país.
