Agencias
Xalapa.- El gobierno de Veracruz, encabezado por Cuitláhuac García Jiménez, enfrenta serias acusaciones de corrupción: se le atribuye el desvío de más de 5 mil millones de pesos mediante 227 empresas fantasma.
Estos recursos, que debían fortalecer servicios esenciales de salud, educación y desarrollo social, habrían sido canalizados en un esquema que otorgó el 80% de los contratos públicos a compañías ficticias, muchas con domicilio en viviendas particulares.
La situación es grave. La Secretaría de Salud, por ejemplo, es señalada como la principal adjudicadora, destinando contratos millonarios a 52 empresas sin evidencia de entrega de bienes o servicios.
Entre los casos más destacados figura el de Araly Rodríguez, una profesora de secundaria en Poza Rica, que, a pesar de no tener experiencia en el sector de proveeduría, recibió contratos por más de 100 millones de pesos para la adquisición de uniformes, equipo médico y despensas.
Rodríguez, con un sueldo mensual de 9 mil pesos como docente, registró su actividad ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sólo una semana después de obtener su primer contrato. Desde ese momento, ha acumulado adjudicaciones por más de 60 millones de pesos sólo en el sector Salud, además de otros contratos para la adquisición de sillas de ruedas y carriolas pediátricas.
El escándalo ya ha generado un llamado urgente de legisladores y organizaciones civiles para realizar auditorías independientes y exigir responsabilidad.
