Efraín Hernández
El Buen Tono
Córdoba.- La Reforma Judicial propuesta por el presidente de la República ha generado inquietudes dentro del sistema judicial, especialmente en lo que respecta a su impacto sobre la independencia de los jueces.
Mauricio García Ayala, juez del Décimo Sexto de Distrito en Córdoba, advirtió en entrevista que esta reforma resultará en una centralización de poder que compromete la autonomía del Poder Judicial Federal.
Expresó que la propuesta del presidente no considera la necesidad de contar con suficientes jueces, incluyendo aquellos con capacidades, para manejar la creciente carga de trabajo.
Según dijo, la reforma está más enfocada en la creación de un órgano de administración judicial y un tribunal artificial de la Federación, cuyo fin será controlar al Poder Judicial, limitando su capacidad para operar de manera independiente.
García Ayala también señaló que esta reforma permitirá ajustes arbitrarios en los salarios de los jueces, lo que podrá ser utilizado como una herramienta para ejercer presión sobre ellos.
Asimismo, advirtió sobre la creación de un tribunal cuya función será sancionar a los jueces que no se alineen con los intereses del poder, en lugar de proteger el interés público.
“Estamos ante una concentración de poder. Con el Legislativo y el Ejecutivo alineados en esta persecución del Poder Judicial, no quedará nadie para defender a la ciudadanía. El Poder Judicial Federal es el último bastión que protege a los ciudadanos de las acciones arbitrarias de las autoridades”, enfatizó.
El juez también explicó las diferencias entre el poder judicial local y el federal, señalando que el primero se enfoca en resolver disputas específicas, como casos de divorcio o problemas de propiedad, mientras que el segundo es responsable de defender los derechos fundamentales a nivel nacional.
Finalmente, García Ayala lamentó que la ciudadanía no entienda completamente los objetivos de la reforma, advirtiendo que, aunque se presenta como una solución a la corrupción en el fuero federal, no ataca la corrupción persistente en los juzgados estatales.
