AGENCIA
CDMX.- La organización Bishop Accountability publicó una lista de 16 obispos y superiores religiosos mexicanos señalados por encubrir casos de abuso sexual contra menores de edad.
La organización afirmó que está en curso una revisión más amplia de casos, por lo que en tres meses publicarán una lista más grande.
Indican que en México están ausentes averiguaciones y medidas de reparación que se han aplicado en países como Estados Unidos, Alemania, Australia y Francia ante casos de abuso sexual.
“A raíz de ello, los funcionarios de la Iglesia mexicana siguen silenciando a las víctimas o haciendo caso omiso a sus denuncias, y quienes encubren a los abusadores siguen ocupando cargos de jerarquía”.
La organización citó una investigación de 2022 de Eje Central que apuntó que 12 obispos estaban bajo la lupa por el Vaticano por estos casos, sin que haya registro de las conductas atribuidas a cada uno o de avances.
Los obispos mexicanos sostienen que aplican una política de “tolerancia cero”, hasta que todos los clérigos culpables sean expulsados permanentemente del ministerio en México, las parroquias, escuelas y hospitales católicos de este país seguirán siendo un lugar inseguro para los niños y adultos vulnerables.
Jesús Carlos Cabrero Romero, arzobispo Emérito de San Luis Potosí es señalado por encubrir los crímenes de Eduardo Córdova Bautista. En el verano de 2012, dos padres contaron al arzobispo Cabrero Romero que Córdova había violado a su hijo, menor de 15 años, en agosto de 2011 durante un viaje a Ciudad de México.
Según un artículo de La Jornada publicado en 2014, el arzobispo respondió obligando a los padres a firmar una declaración jurada mediante la que se comprometían bajo juramento “ante Dios a mantener en secreto y estricta confidencialidad los delitos sexuales cometidos”. La declaración jurada llevaba el membrete de la arquidiócesis y se titulaba “Carta testimonial jurada”. Fue dirigida y presentada al arzobispo Cabrero en julio de 2012.
José Luis Chávez Botello, arzobispo Emérito de Antequera-Oaxaca, es señalado por ser cómplice en el caso del pederasta Gerardo Silvestre Hernández, quien ahora se encuentra encarcelado.
Como sacerdote de la arquidiócesis de Antequera-Oaxaca, Silvestre habría abusado sexualmente de más de 100 niños en siete parroquias diferentes. En 2009, un grupo de sacerdotes denunciaron los delitos de su compañero al Arzobispado, pero el arzobispo José Luis Chávez Botello defendió la inocencia de Silvestre y tomó represalias contra los denunciantes.
Después de que el padre Luis Esteban Zavala fue condenado por violar a una niña de 12 años en 2019, Enrique Díaz Díaz, obispo de Irapuato supuestamente salió en defensa del sacerdote, negándose a ofrecer una compensación económica o incluso tratamiento psicológico a la joven víctima.
El obispo Díaz hizo poco y nada para detener al padre Pedro Gutiérrez Farías, fundador de albergues para niños abandonados, a pesar de las espeluznantes pruebas de violaciones y torturas de los niños que vivían en los albergues. Cuando Gutiérrez falleció en 2020, el obispo emitió una declaración en la que pedía a Dios que le concediera “el premio de la gloria, reservado a los trabajadores de Su viña”.
Alonso Gerardo Garza Treviño, obispo de Piedras Negras está acusado de encubrir y proteger al padre Juan Manuel Riojas Martínez, conocido como el padre Meño. Dos víctimas denunciaron al sacerdote ante el obispo y, en ambos casos, el obispo Garza supuestamente intentó silenciarlas. Javier Calzada afirmó que cuando denunció los abusos sufridos a manos de Riojas al obispo Garza en 2016, este le instó a olvidar lo ocurrido y le pidió que, a lo sumo, contara a sus padres solo una parte de los incidentes.
El obispo prometió suspender de sus funciones al sacerdote, pero en lugar de ello lo trasladó a otro cargo. En marzo de 2017, el obispo Garza habría intentado obligar a Javier a firmar una carta que exoneraba al obispo del delito de encubrimiento. Javier se negó a firmarla y, en lugar de ello, presentó una denuncia penal. Actualmente, el padre Meño está en prisión, cumpliendo una condena de 13 años por violación de un menor.
Jonás Guerrero Corona, obispo de Culiacán; como obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, el obispo Guerrero está acusado de proteger al sacerdote abusador Carlos López Valdés.
José Martín Rábago, arzobispo Emérito de León está acusado de proteger al sacerdote abusador José Luis de María y Campos López.
Fabio Martínez Castilla, arzobispo de Tuxtla Gutiérrez es acusado de no adoptar medidas disciplinarias contra la fundadora y exsuperiora general de una comunidad religiosa femenina que presuntamente permitió los abusos sexuales a mujeres jóvenes por parte del sacerdote Salvador Valadez Fuentes, quien fuera expulsado del sacerdocio.
En un foro público sobre pederastia clerical, tres exmiembros de la congregación de las Discípulas de Jesús Buen Pastor afirmaron en noviembre de 2022 que le habían contado al arzobispo que su antigua superiora, Silvia López Pérez, había permitido a sabiendas que fueran abusadas y que ella misma era culpable de “agresiones sicológicas, abuso de poder y manipulación”.
Al parecer, el arzobispo habría dicho que no pensaba tomar medidas contra la monja debido a su edad y estado de salud. Las Discípulas de Jesús Buen Pastor es una congregación adscrita a la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez.
Felipe Aguirre Franco, arzobispo Emérito de Acapulco en 1992, siendo obispo de Tuxtla Gutiérrez, el arzobispo Aguirre fundó la congregación de las Discípulas de Jesús Buen Pastor junto con el padre Salvador Valadez Fuentes y la religiosa Silvia López Pérez. El padre Valadez fue dimitido del estado clerical a finales de 2021 por abusar sexualmente de cinco jóvenes que habían pertenecido a la orden.
Los actos de acoso y los abusos del sacerdote contra mujeres jóvenes comenzaron supuestamente cuando se fundó la congregación y continuaron durante décadas. Las víctimas acusan a su exsuperiora, Silvia López Pérez, de ayudar y encubrir a Valadez desde el principio y de ser culpable ella misma de “agresiones sicológicas, abuso de poder y manipulación”.
Las graves acusaciones contra Valadez y López Pérez plantean interrogantes sobre el papel del arzobispo Aguirre y ponen de manifiesto la necesidad de que las autoridades eclesiásticas y civiles de México investiguen a la congregación de las Discípulas de Jesús Buen Pastor.
En un foro público sobre pederastia clerical, tres exmiembros de la congregación de las Discípulas de Jesús Buen Pastor afirmaron en noviembre de 2022 que su antigua superiora, Silvia López Pérez, había permitido a sabiendas que el exsacerdote Salvador Valadez Fuentes cometiera abusos sexuales durante décadas. Todas las exmonjas habían sido víctimas de Valadez, quien fue dimitido del estado clerical a finales de 2021 por “abusos de autoridad y faltas al sexto mandamiento”.
Luis Morales Reyes, arzobispo Emérito de San Luis Potosí; arzobispo Morales encubrió los crímenes de Eduardo Córdova Bautista.
Cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo Emérito de la Arquidiócesis Primada de México
Cuando el obispo José Luis Fletes Santana fue acusado de abusos sexuales a menores en 2003, el cardenal Rivera supuestamente utilizó su influencia dentro del Gobierno para protegerlo de las acusaciones y silenciar a la víctima con un acuerdo extrajudicial.
Al parecer, el cardenal prometió a la familia de la víctima que el obispo Fletes abandonaría México y no regresaría jamás. En 2005, el cardenal no solo permitió que Fletes regresara a Ciudad de México, sino que lo nombró vicario arquidiocesano de laicos.
Sin embargo, varios meses después, Fletes volvió a desaparecer de la escena pública, esta vez aparentemente para siempre. Se desconoce su paradero actual.
El Cardenal Rivera también es acusado de encubrimiento en los casos de sacerdotes abusadores Marcial Maciel, fundador de la Legión de Cristo, y Nicolas Aguilar-Rivera.
Gerardo de Jesús Rojas López, obispo de Tabasco, después de enterarse del presunto abuso del padre Carlos Francisco Alejo Oramas en Tabasco, el obispo Rojas lo transfirió a otra diócesis, donde supuestamente volvió a abusar.
Cardenal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo Emérito de Guadalajara es acusado de utilizar su influencia para conseguir que la pena de prisión del padre Heladio Ávila se redujera de 15 a 3 años. Ávila fue condenado en 1996 por violar a tres menores de 8, 9 y 10 años.
Al parecer, el sacerdote habría admitido su culpabilidad en los delitos y amenazado con mandar a asesinar a los niños si lo denunciaban. No obstante, cuando el sacerdote salió de la cárcel, el cardenal Sandoval le permitió reintegrarse al ministerio parroquial.
En 2004, cuando el padre Rafael Córdova Esparza, de la diócesis de San Juan de los Lagos, fue detenido por violar a un niño de 11 años con síndrome de Down, su obispo en ese momento, Javier Navarro Rodríguez, desestimó inmediatamente la acusación, calificándola de falsa y declarando públicamente: “Estoy absolutamente convencido de que el padre Rafael Córdova es inocente de violación”. El sacerdote fue trasladado a otra parroquia con la aprobación del arzobispo de Guadalajara, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, quien explicó que el traslado era “la opción más saludable”.
José Guadalupe Torres Campos, obispo de Ciudad Juárez supuestamente tenía conocimiento previo de las agresiones sexuales perpetradas por el Padre Aristeo Baca contra la menor y, a pesar de ello, permitió que el sacerdote siguiera ejerciendo el ministerio sacerdotal hasta el día de su detención en febrero de 2019.
Un agente de las fuerzas del orden declaró bajo juramento durante el juicio contra Baca en enero de 2021 que, cuando Baca fue detenido, llamó a una monja y le pidió que se comunicara con el obispo Torres. “Háblele al obispo, él ya está enterado”, le habría dicho el sacerdote.
Javier Navarro Rodríguez, obispo de Zamora en 2004, cuando el padre Rafael Córdova Esparza, de la diócesis de San Juan de los Lagos, fue detenido por violar a un niño de 11 años con síndrome de Down, su obispo en ese momento, Javier Navarro Rodríguez, desestimó inmediatamente la acusación, calificándola de falsa y declarando públicamente: “Estoy absolutamente convencido de que el padre Rafael Córdova es inocente de violación”. El sacerdote fue trasladado a otra parroquia con la aprobación del arzobispo de Guadalajara, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, quien explicó que el traslado era “la opción más saludable”.
