La posibilidad de ocultar información requiere sin duda habilidades creativas de escapismo y simulación, mucho más cuando hay un marco normativo sólido, porque entonces se necesita montar maquetas institucionales con fórmulas laberínticas para encontrar datos públicos. Si el jugador que se quiere esconder pone las reglas, no podemos sorprendernos cuando se otorga suficientes facilidades para ocultarse en cualquier inhóspito rincón. Mientras sean los legisladores quienes decidan el marco normativo de transparencia y acceso a la información pública, sin escrutinio y presión ciudadana, quedarán de algún modo blindados para conservar una dosis suficiente de opacidad. Al día de hoy, en México las reglas de su juego, alcanzan para sostener a buen ritmo la impunidad sobre el uso de los recursos al interior de las Cámaras o incluso sobre su desempeño cotidiano y el cumplimiento de sus responsabilidades.
En el marco de la 15 Conferencia Internacional Anti Corrupción, titulada ”Movilizando personas y conectando agentes de cambio”, que se está llevando a cabo en Brasilia, se conformó una mesa de discusión sobre transparencia legislativa en la que participamos varias organizaciones de la sociedad civil, que enfocamos nuestros esfuerzos a publicitar decisiones, uso de recursos y desempeño de legisladores. El intercambio sobre las frustrantes experiencias para descubrir datos públicos ocultos o simplificar la presentación de información que resulta incomprensible para la mayoría, nos tomó la primera hora de conversación. Organizaciones de Argentina, Venezuela y México asimilando las drásticas diferencias que en términos de acceso a la información tiene cada país, coincidimos en la precaria transparencia con la que cuentan nuestros parlamentos. En todos los casos son las organizaciones ciudadanas las que con recursos propios y de forma experimental, traducen la información a un lenguaje legible para el ciudadano.
El caso de México puede parecer el menos dramático porque la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública obligue al Poder Legislativo a cumplir cabalmente con las obligaciones de transparencia. Sin embargo hay dos asuntos muy simples y contundentes para que los escondites no puedan ser del todo descubiertos. El primero es la condición de juez y parte que tienen tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores, las cuales pueden negar, información pública a un ciudadano, a través de su unidad de transparencia. Esto debido a que la Ley no contempla la existencia de un órgano externo que le obligue a entregarla. Por otro lado, está la forma en la que la información es presentada y se pone a disposición de la ciudadanía. No podemos asumir que disponible es sinónimo de accesible. Por poner un simple ejemplo, para conocer las asistencias de los diputados comparadas mes con mes en un periodo ordinario de sesiones, un ciudadano tendría que buscar al menos en ocho archivos y armar una tabla comparativa que le permita restar ausencias justificadas de las injustificadas. Y como este caso tenemos también el trámite para conocer la conformación de Comisiones Legislativas o el contenido de las propuestas y las votaciones desglosadas.
Paradójicamente, esta información está mejor presentada en la página del poder Legislativo que elabora la Secretaría de Gobernación, que en el sitio oficial de la Cámara de Diputados de San Lázaro.
Afortunadamente, algunos legisladores han hecho explícita su intención de reformar la ley, de modo que sea el IFAI sea también el órgano encargado de garantizarle al ciudadano el acceso a la información publica del poder legislativo.
Las conclusiones del pánel se alinearon a la declaración sobre la Transparencia Parlamentaria, que básicamente plantea la urgencia de instalar mecanismos de acceso a la información que posibiliten el monitoreo parlamentario eficaz y que garanticen el recurso legal para que los ciudadanos tengamos acceso efectivo a recursos legales o judiciales siempre que el acceso a la información legislativa esté en disputa.
Acordamos además sumarnos en una movilización simbólica el 13 de marzo del año próximo, para exigir a nuestros legisladores que asuman los compromisos establecidos en la declaración que hemos suscrito más de cien organizaciones de la sociedad civil organizada en el mundo y que pueden conocer con más detalles en la página de internet: http://www.openingparliament.org/declaration.
