Los mexicanos de bien estamos muy complacidos del éxito del gobierno que preside Enrique Peña Nieto, por la reaprehensión de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo para sus amigos. En este tiempo en el que son escasas las buenas noticias en materia de justicia, ésta reanima nuestras esperanzas.
Es muy obligado reconocer los esfuerzos gubernamentales que implican acciones de este tipo. La coordinación eficiente de muchas organizaciones y personas. Fuerzas ministeriales, policiales y militares. Autoridades nacionales y extranjeras. Personal conspicuo como agentes del Ministerio Público, de la Policía Ministerial, de la Policía Federal, del Ejército Nacional y de la Armada de México. Y, también, personal clandestino como integrantes de la inteligencia mexicana o extranjera, infiltrados, informantes, espías y/o soplones. Todo, por fortuna, resultó exitoso.
Guzmán se convirtió en una obsesión por muchas razones. La primera, porque fue un importante jefe de organización delincuencial. La segunda, porque tuvo participación en una balacera entre gángsters donde el fuego cruzado costó la vida del cardenal Posadas y de otros inocentes. La tercera, porque fue muy difícil su captura, allá por 1993. La cuarta, porque se fugó de un penal de alta seguridad, en 2001. La quinta, porque su huida se tradujo en una burla para nuestro gobierno durante más de 13 años. La sexta, porque nuestra ley no castiga al preso que se fuga. Todos esos sinsabores enaltecen más el logro actual.
Una reflexión jurídica nos hace apreciar más el hecho. Por virtud del paso del tiempo la pena impuesta a Guzmán estaba a punto de prescribir. Según las cuentas de mi memoria, faltaban escasos dos años para que se exonerara de la sentencia que lo condenó y quedara plenamente libre. Si fuera futbol, este logro se dio al minuto 89 y, si fuera box, el knock-out sobrevino en el round 12. He allí la mayor importancia.
Pero, para su mal, la prescripción ha quedado interrumpida por virtud de la recaptura. Ahora, de inicio vuelven a correr los 12 años que le faltan para salir de la cárcel. Y si volviera a salirse de ella, las facultades de las autoridades para reaprehenderlo fenecerían hasta abril de 2029. Paradójicamente, si no se hubiera fugado, hoy ya sería libre con todas las de la ley. Si fuera un asunto de taxis, se llamaría “doble banderazo”. ¡Enhorabuena!
Otro aspecto a destacar fue el protocolario ante la opinión pública. Fiel a su costumbre, el actual gobierno ha abandonado las censurables prácticas de presentar a los aprehendidos en la indigna condición de amarrados, enjaulados o vejados. Incluso, no fue presentado ante las cámaras sino tan sólo lo vieron en un recorrido rumbo a la aeronave, inteligente truco para que una opinión pública desconfiada no se quedara con puro boletín y discurso.
En el evento participaron quienes deberían hacerlo y hablaron los únicos que deberían hablar. El informe lo pronunció el Procurador de la República, jefe del Ministerio Público, institución a la que creo le correspondía el aseguramiento del inculpado. Y digo que tan sólo lo creo porque la ley no es clara en la especificación de la autoridad obligada a devolver a los presos a sus claustros. Incluso, la he llamado reaprehensión, aunque estrictamente no lo es y no tiene un nombre propio. Quizá la llamaré “reaprisionamiento”, mientras la ley no la bautice.
Por otra parte, queda en claro que, a partir de ese momento, quedó a cargo y responsabilidad de la autoridad carcelaria, integrada en la Comisión de Seguridad. Por eso, aunque como mero símbolo, el jefe de esa institución se fue con Guzmán en el mismo helicóptero.
En otro aspecto, es muy probable que algún gobierno formalice una solicitud de extradición. Aquí se abre una llave de posibilidades muy interesantes. Legalmente, México no tiene obligación de entregar a sus nacionales. El Presidente de la República puede hacerlo discrecionalmente aunque no esté obligado. Pero, en las más de 300 extradiciones en que he participado profesionalmente, nunca he visto la extradición de un ya sentenciado para purgar su pena en otro país. De cualquier manera, podría autorizarse una extradición diferida para trasladar a Guzmán una vez cumplida su sentencia mexicana, lo cual sería por allá dentro de dos sexenios.
Sin embargo, Estados Unidos podría juzgarlo en México, a través de autoridades mexicanas, de acuerdo con los tratados de cooperación jurídica, obra maestra de la técnica jurídica que llevó a nuestros países a una negociación de altísima calidad durante 11 largos años. Este es un instrumento jurídico bilateral para presumir al mundo y que muchos países ya podrían copiarnos.
En fin, nos dieron un bálsamo que nos alivia un poco de tantos dolores. No faltan los “iluminados” que nos aturden con sus desconfianzas, sus necedades y sus interpretaciones, algunas veces risibles y otras indignantes. Pero nadie negará que es un triunfo. Como diría Douglas McArthur, no hay sustituto de la victoria.
*Abogado y político. Presidente de la Academia Nacional, A. C.
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