Por Andrés Timoteo / columnista
¿BAJO CONTROL?
El gobernante en turno, Cuitláhuac García, asegura que la zona Centro “está bajo control” y que sus habitantes no deben preocuparse aun cuando el fin de semana hubo siete muertos por ataques contra las corporaciones policiacas y desde entonces la zozobra reina por todos lados. Las versiones de que en cualquier momento habrá otro ataque contra policías que puede dejar a los civiles en medio de las balas es lo único que se comenta en plazas públicas, centros de trabajo, colegios, cafeterías y demás sitios de cotilleo.
¿Qué todo está bajo tranquilo? Pues habría que preguntarles a las familias que lloran a los cuatro agentes acribillados, así a mansalva, sin tener oportunidad de defenderse porque fueron blanco directo del ataque como parte de la disputa por la plaza entre criminales. Preguntarle también a los clientes y empleados de la zona comercial de Shangri-La que vivieron momentos de pánico al igual que los pobladores de otros puntos de Córdoba, así como de Huatusco donde se registraron las balaceras.
Tan no está “bajo control” la zona y en especial Córdoba que los propios policías, tanto estatales como municipales, salen a trabajar con temor marcado por saberse indefensos ante cualquier embestida. No es que los agentes policíacos se quejen del oficio o que no sepan que su trabajo es de alto riesgo sino porque lo realizan en condiciones paupérrimas. El mejor ejemplo son los módulos hechizos de vigilancia que adquirió el ayuntamiento que dirige la panista Leticia López Landero.
¿Cómo esperar otro ataque a balazos cuando no tienen dónde resguardarse para repelerlo? El asunto no es menor y requiere de la atención puntual de los cordobeses. Ahora se sabe que las casetas de vigilancia compradas por la municipalidad encierran un acto de corrupción que ya cobró dos vidas. Se ha documentado, por ejemplo, que por los módulos se pagaron casi 8 millones de pesos sin que contaran con el blindaje mínimo. Están construidos con fibra de vidrio, madera y lámina.
Lo peor es la versión de que la empresa que los “vendió” al ayuntamiento es “fantasma” y así se desviaron los fondos que el municipio recibe para la seguridad pública. ¿Qué otros negocios habrá hecho López Landero a costa de ese presupuesto?, ¿cuántas otras cosas serán hechizas y que ponen en riesgo a los agentes policíacos? Urge una indagar eso.
Cínicamente, la edil quiere repetir la dosis de distracción que utilizó con el incendio del mercado “Revolución” al decir que se le pretende dar más importancia a las casetas de vigilancia que a la vida de los policías. ¿Se acuerdan de que hace unas semanas pedía no distraerse en las causas que provocaron el incendio en el centro de abastos, sino que mejor se pusiera atención a los tomates y las naranjas quemadas?
Ya se ha dicho, siempre las tragedias sacan a flote la suciedad y en este caso la corrupción contante y sonante de López Ladero hiede a kilómetros. Por supuesto que el caso de las casetas hechizas y con sobrecosto debe ser investigado, pero no solo por las instancias encargadas de la administración de recursos sino también por el ministerio público. Lo que hizo López Landero al robarse el dinero que debió servir para módulos de vigilancia resistente a un ataque armado fue un acto criminal.
Los diputados locales de Morena afirman que pedirán que se audite al presidenta municipal de Córdoba -¡bravo!, por fin hacen algo coherente- pero no basta con eso. Si tuvieran intención de darle seguridad a los cordobeses y justicia para los policías caídos, la alcaldesa debería ser separada del cargo para que responda judicialmente porque los actos corrupción que afectan la seguridad pública. En resumen, si el gobierno estatal quiere tener la zona “bajo control” eso pasa por poner orden y escarmentar la corrupción en el ayuntamiento cordobés.
EL FEMINICIDIO PERFECTO
Fue una conspiración de Estado para ocultar uno de los feminicidios más atroces de los últimos tiempos. Los responsables nunca pagaron su crimen y sus solapadores usaron el aparato estatal para revictimizar con dolo a alguien que tenía todas las desventajas que se pueden tener en un mundo machista: mujer, indígena, anciana y pobre.
La agresión sexual que le provocó la muerte a doña Ernestina Ascensión Rosario sigue impune. Ayer se cumplieron trece años. El 25 de febrero del 2007 ella fue encontrada en un paraje del poblado Tetlatzinga, en Soledad Atzompa, donde había ido a pastorear sus cabras y donde fue atacada por supuestos soldados. La encontraron mal herida, agonizando, y pese a que fue llevada a un hospital de Orizaba pereció al poco rato.
La noticia sacudió al país, pero desafortunadamente hace 13 años la furia popular aun no sazonaba como para poner en jaque al gobierno. La anciana no tuvo la suerte de morir en la era del auge de las redes sociales y el movimiento feminista por lo que la exigencia de justicia de organizaciones civiles fue apagada desde las esferas del poder.
Desde ahí todos se confabularon para ocultar el feminicidio y algunos hasta sacaron ganancia política con el mismo. El entonces presidente, el panista Felipe Calderón, dio el veredicto de la muerte sin mediar peritajes forenses: fue una ulcera gástrica. Y todos se plegaron a esa teoría que tenía como fondo no molestar a la milicia porque estaba recién comenzada su “guerra contra el narco”.
En ese 2007, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presidida por José Luis Soberanes tuvo una de las actuaciones más deplorables y oprobiosas de su historia porque maniobró para defender al gobierno y no a la víctima. Soberanes ordenó la exhumación del cadáver de doña Ernestina para practicar una segunda autopsia con médicos forenses de la institución quienes tuvieron la consigna de hacerla coincidir con la teoría presidencial.
Este segundo peritaje forense fue, por supuesto, para desmentir al primero, el inicial, que realizó el doctor orizabeño Pablo Mendizábal quien nunca se retractó del resultado: la anciana había sido violada sexualmente por la vagina y el ano que presentaban heridas por desgarramiento. Así lo acreditaba la presencia de un antígeno que solo produce la próstata.
Pero la verdad científica fue callada por la mentira de los funcionarios. A nivel estatal, el innombrable que gobernaba la entidad se sumó a la andanada contra la muerta y contra sus cercanos. A sus hermanos literalmente los secuestró. Los mandó a hoteles y ‘casas de seguridad’, les inventó giras a Jalapa y a las playas de Veracruz para impedirles que hablaran con la prensa y continuaran pidiendo justicia.
Les dio migajas: casas construidas, adhesión a programas estatales, financiamiento de proyectos agrícolas y dinero en efectivo. Todo se acabó pronto y hoy siguen viviendo en la miseria. A la par, el impresentable exgobernante instruyó a su procurador, el oscuro Emeterio López Márquez, manosear los peritajes y los expedientes de investigación para darle la razón a Calderón Hinojosa y dejar impune el feminicidio.
VENDIERON SU MUERTE
Al médico legista Mendizábal lo hostigaron y amenazaron, pero no lograron que se sumara a la farsa. El doctor defendió el resultado de la necropsia original en los momentos más álgidos y también con el paso de los años. Por cierto, la periodista orizabeña pero avecindada en Jalapa, Norma Trujillo, publica en el diario digital “Pie de página” un reportaje sobre los 13 años del crimen de doña Ernestina titulado “Felipe Calderón y Fidel Herrera ocultaron la violación a Ernestina Ascencio” que se puede consultar en el enlace: https://urlz.fr/bW3D
A cambio de dejar el feminicidio impune, el innombrable recibió de Calderón Hinojosa un pago en especie -política y a la postre económica- pues lo dejó tener el control casi absoluto de la entidad. El asesinato de la anciana fue en febrero y el 2 de septiembre de ese año hubo elecciones estatales en las que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con la coalición llamada “Fidelidad por Veracruz”, en honor a su nombre, arrasó.
De los 212 ayuntamientos, la fidelidad ganó 144, es decir se hizo del 70 por ciento de las alcaldías y también obtuvo 30 de las 50 curules en el congreso local, mismas que sumadas a las de diputados aliados o ‘comprados’ llegó a casi 40 posiciones lo que le otorgó el control total del Poder Legislativo para hacer todo tipo de tropelías financieras como la bursatilización del Impuesto a la Tenencia Vehicular o los prestamos multimillonarios.
No olviden que días antes de concluir su gobierno, al innombrable le aprobaron un crédito por 10 mil millones de pesos supuestamente para apoyar a damnificados por los ciclones, pero que se robó íntegros. Obviamente, los comicios del 2007 los pudo ganar la fidelidad con mucho dinero desviado de las arcas estatales y con la operación del crimen organizado que amenazó, secuestró, golpeó y desapareció a opositores.
Todo eso lo dejó hacer el panista Felipe Calderón porque era la factura que el innombrable pidió por la impunidad en el asesinato de doña Ernestina Ascensión. Quién lo iba a decir que una humilde anciana indígena diera tanto rendimiento político y en miles de millones de pesos a un sátrapa indecible. Su muerte fue vendida.
A Ernestina Ascensión Rosario la mataron muchos. Unos, los feminicidas que quedaron en el anonimato y la impunidad, y otros, los sinvergüenzas que sacaron provecho de su muerte, léase Calderón, López Márquez, Soberanes, el innombrable y otros tantos que se sumaron a esa conspiración para que fuera el feminicidio perfecto.
Por cierto, es impúdica la actitud del panista Felipe Calderón que ahora defiende ardientemente la causa feminista en el país cuando él otorgó impunidad de Estado a los asesinos de doña Ernestina y la revictimizó hasta saciarse. Las feministas de ahora, muchas de ellas muy jóvenes, deberían acudir a la hemeroteca para enterarse quién es este tipo y echarlo a patadas de la causa.
