Por: Andrés Timoteo / columnista
BAILADOR O GOBERNADOR
El gobernador electo Cuitláhuac García ha rechazado la versión de que la joven Valeria Cruz, hija de la diputada federal Carmen Medel fue confundida con una delincuente y por eso fue asesinada. Tras los dichos del mandatario electo no queda más que deducir que la víctima fue blanco directo del crimen organizado, ya sea por venganza o por alguna posible colusión.
También abre la puerta a señalar que el crimen tiene un sesgo político, que la agresión tuvo como trasfondo atacar a la madre por su desempeño como servidora pública o dañar al Partido al que pertenece, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Así, el tinte político -o, mejor dicho, partidista- fue introducido por el propio García Jiménez al debate sobre ese crimen.
Obviamente, lo expuesto por el Gobernador electo es a ‘motu proprio’, es decir, de su percepción personal que se desprende de una indagatoria formal, de pruebas forenses o como mínimo del conocimiento sobre las pesquisas judiciales. Sin embargo, lo dicho por García Jiménez en una entrevista radiofónica el viernes pasado, lo alcanzará a él mismo. En veinte días será Gobernador constitucional y tendrá que responder por esa teoría.
Es cierto, él no será el fiscal y es más cierto que tampoco comparte criterios y ni pretende tener una relación institucional con el actual titular de la Fiscalía estatal, Jorge Winckler, pero como gobernante tendrá la responsabilidad de acreditar lo dicho sobre el asesinato de una Diputada Federal de su propia filiación política o al menos garantizar que las dudas que ahora exponen sean respondidas con puntualidad.
Vaya reto para García Jiménez, quien hasta el momento no se ha preocupado por informarse de las cuestiones de Seguridad Pública y de procuración de justicia, y sus puntos de vista se basan principalmente en lo que se dice en la prensa. En los casi cinco meses transcurridos desde el primero de julio, Cuitláhuac García no se preocupó por las reuniones del Grupo de Coordinación Veracruz, que aglutina a las instituciones de Seguridad Pública y corporaciones policiacas federales y estatales.
Ni siquiera envió a un representante para que le informe a trasmano sobre los temas tratados. Lo único que ha hecho sobre ese tópico es designar a Estela Aristegui Carballo para representarlo en el proceso de entrega-recepción de la Secretaría de Seguridad Pública, pero la señora se aboca a cuestiones administrativas. Su escaso interés en el tema también lo ha llevado a retardar hasta el último momento el nombramiento de quien será el titular de esa misma Secretaría, el cual ya debería estar trabajando en ese tema tan complicado.
A diferencia de lo que a nivel nacional hace el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, cuyos secretarios propuestos ya intervienen en asuntos medulares para que no lleguen a improvisar, la administración cuitlahuista está modorra. El gobernante electo se dedica a lo que no hizo en campaña: andar de giras y mítines, celebrar comilonas con seguidores y posar para las selfies. Ah, y de paso irse a bailar salsa a los centros nocturnos.
De ahí que el gobernador en funciones lanzó el dardo, también en la misma radiodifusora: “Es mucho más difícil operar un sistema de seguridad pública y de procuración de justicia, que bailar salsa en los antros”. Es posible que a partir del primero de diciembre a Cuitláhuac García se le quiten las ganas de ir a bailar salsa, al ver el tamaño del compromiso que tendrá.
Bueno, eso se espera por el bien de Veracruz, porque puede pasar lo mismo que sucedió con Javier Duarte: que banalice las cosas y adopte la estrategia de la negación. Aunque García Jiménez deberá atender el tema de la inseguridad, no se le ven muchas ganas. Ayer, cuando el conductor radiofónico le preguntó sobre lo que respondería cuando sea mandatario en funciones y le reclamen por la violencia que no mengua, respondió: “atenderé los casos con la verdad (sic)”.
Seis palabras y mucha retórica para algo tan complicado. Que Cuitláhuac García no conozca del sistema de seguridad pública y de procuración de justicia se entiende, pero lo que no se justifica que a días de asumir la Gubernatura no haga nada para instruirse ni rodearse de personas doctas que lo informen y asesoren. He ahí el peligro, que Veracruz tenga en Palacio de Xalapa un buen bailador, pero un deficiente gobernador. Por lo pronto, ayer se informó que hay cinco personas detenidas por el crimen de la hija de la diputada Medel.
BÚSQUEDA Y APRENDIZAJE
En la intrincada serranía de Boyacá, Colombia, se localizó una fosa clandestina en el año 2003. Los restos extraídos de la misma pertenecían a siete personas, y aun cuando dicha sepultura era “pequeña” en comparación con otras halladas en el territorio colombiano -en algunas se han recuperado restos de hasta dos mil personas- su contexto y procesamiento forense sirvió para facilitar el trabajo en los demás cementerios clandestinos.
Las víctimas que aparecieron en Boyacá eran cuatro comerciantes y tres indigentes que años antes habían sido secuestrados por grupos paramilitares. Sin embargo, en la misma fosa hubo más víctimas -una de ellas la de un líder indígena de la región-, pero no se encontraron restos óseos sino indicios paralelos o indirectos.
El tratamiento forense del sitio indicó que algunos restos habían sido desenterrados meses después de su inhumación por los propios verdugos y arrojados a los ríos del lugar a fin de que nunca fueran localizados. Su sepultura temporal fue confirmada a través de los indicios llamados artefactuales -ropa, credenciales y otros objetos personales-. Se supo que ahí estuvieron enterradas, pero desafortunadamente no se ha localizado ningún material orgánico que aporte ADN para corroborarlo.
También en Boyacá se ensayó -y comprobó- el método sugerido por el Equipo Argentino de Antropología Forense -creado en 1984 para procesar los restos que se localizaron al iniciar la búsqueda de desaparecidos de la última dictadura militar- sobre la “interpretación del hallazgo en su contexto”. Es decir, leer el sitio, sus alrededores y las condiciones de lo encontrado, complementado con una indagación de campo con personas vivas: familiares, testigos y hasta verdugos.
Con esa investigación que combinó aspectos científicos y sociológicos se conoció el horror de Boyacá: las víctimas habían sido trozadas en partes pequeñas para facilitar su ocultamiento y la mayoría de ellas fueron descuartizadas mientras estaban vivas. Fue una forma de tortura mortal como castigo por apoyar a la guerrilla. Los paramilitares no respetaron a nadie: trozaron en vida a mujeres, ancianos e incluso adolescentes.
Se supo también que en los terrenos aledaños hay fosas clandestinas más pequeñas en las que diseminaron otros restos, pero ubicarlas a todas es casi imposible. Algunas quedaron en terrenos de cultivos agrícolas que ya fueron arados y vueltos a arar. No se sabe cuántos cuerpos sirvieron de abono a la tierra. En su momento los labriegos tampoco pudieron denunciar su hallazgo cuando trabajaban en sus siembras por el riesgo de tener el mismo destino.
Lo que se logró rescatar en la fosa clandestina de Boyacá moldeó la forma del procesamiento forense en Colombia. Y en esa fosa clandestina hubo restos que permanecieron ocultos hasta treinta años. Algo similar pasó antes en Pozo de Vargas, Tucumán, en Argentina, donde se ubicó la fosa clandestina más numerosa de la dictadura militar sucedida de 1976 a 1983.
El sitio es literalmente un enorme pozo que originalmente se excavó para almacenar agua para el ferrocarril y los cultivos de caña de azúcar de la zona, pero que el gobierno militar lo ocupó para deshacerse de los que consideraba enemigos, los opositores al régimen castrense de ultraderecha. Allí se han encontrado 140 cadáveres hasta la fecha, luego de 15 años de estar trabajando en el sitio.
El pozo mide unos 45 metros de profundidad y se han excavado alrededor de 35 metros. El trabajo es muy lento porque los esqueletos no salen completos, se han extraído unos 50 mil fragmentos óseos porque se hizo todo para borrarlos. A la vez que el pozo iba siendo rellenado de cadáveres se vertieron miles de litros de ácido para disolverlos o se incendiaban con combustible. También se arrojó cal, desechos industriales, restos de hormigón y metales, y hasta toneladas de cemento para ocultarlo.
El Pozo de Vargas ha sido un reto titánico para los investigadores del Equipo Argentino de Antropología Forense, mismo que a pesar de todo eso ha logrado identificar a un centenar de víctimas. Esa fosa clandestina es un laboratorio sin precedentes de la arqueología y la antropología forenses que también ha servido en al menos 40 países del mundo a los que los científicos argentinos han apoyado en la identificación de personas desaparecidas -entre ellos México- y la interpretación de cómo fueron asesinadas.
Hay un binomio en Boyacá y Pozo de Vargas porque son lecciones de horror, al develar la forma en que los verdugos trataron a las víctimas y sus cadáveres, pero también de esperanza porque ayudan a conocer la verdad de los hechos y, sobre todo, encontrar e identificar a los desparecidos. Y esas lecciones vienen al caso porque la semana pasada, durante dos días algunos activistas recorrieron terrenos del llamado Kilómetro Trece y Medio en el puerto de Veracruz, donde habría fosas clandestinas.
La búsqueda aparentemente fue infructuosa, pero dos días no son nada en los antecedentes sobre el tiempo que requiere la ubicación de sepulturas ilegales, como se ha comprobado en Colombia y Argentina, pero también en Veracruz con las fosas de Colinas de Santa Fe, donde se invirtieron meses de trabajo de exploración. La paciencia es uno de los pilares en la dolorosa búsqueda de los ausentes, así lo enseñan las lecciones del horror.
El segundo es el aprendizaje. En Argentina y Colombia los activistas aprendieron durante la faena de hallar, desenterrar e identificar a sus desaparecidos. En México y en Veracruz no es diferente, pues los buscadores están obligados a instruirse en el tema, como algunos ya lo han hecho. Una de las activistas veracruzanas platicó a la prensa que en el año 2016 no tenían ni idea de cómo hallar fosas clandestinas, pero ahora tienen el bagaje de la experiencia para trabajar a la par de los científicos.
Búsqueda y aprendizaje van de la mano en esta labor y deben ser nutridos con paciencia y memoria. Tal vez en el primer intento no se localizaron las sepulturas clandestinas en el Kilómetro Trece y Medio, pero eso no significa que no estén ahí. Lo mismo que en la Academia Estatal de Policía de El Lencero. Es un asunto de largo plazo, de años o quizás decenios, no de un par de días. Lo primordial es no dejar de buscarlos.
