AGENCIA
Nacional.- Durante el primer bimestre del año en curso, las víctimas de extorsión en México experimentaron un aumento del 11% en comparación con el mismo período del año anterior, consolidándose como uno de los delitos de alto impacto más recurrentes en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, considerado el más violento de la historia reciente del país.
Según datos proporcionados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número de víctimas de extorsión pasó de mil 664 en los dos primeros meses de 2023 a mil 846 en el mismo período de 2024. Este incremento representa un promedio de 31 víctimas diarias de extorsión en todo el territorio nacional, sin contar aquellas que no denuncian por temor a represalias de grupos criminales, lo que eleva la cifra negra de este delito.
Para el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), la extorsión es un delito que ha proliferado y cuya cifra negra supera el 90%, además de tener impactos devastadores en la economía local y en la seguridad de la población.
Las estadísticas oficiales revelan que los estados más afectados por la extorsión durante este período fueron el Estado de México, Guanajuato, Veracruz, Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México, Morelos, Hidalgo, Querétaro, Michoacán y Colima.
Este incremento en los casos de extorsión ha llevado al Ejecutivo federal a presentar una iniciativa de ley ante la Cámara de Diputados para considerar este delito como grave, ya que actualmente la legislación no lo contempla, lo que dificulta la detención y enjuiciamiento de los responsables.
La extorsión se ha extendido a prácticamente todos los sectores económicos y productivos del país, con bandas criminales que imponen cuotas de protección a agricultores, comerciantes, transportistas, empresarios y hasta beneficiarios de programas sociales del gobierno federal.
El modus operandi de estos grupos delictivos implica dejar mensajes en los negocios para establecer contacto con los propietarios y exigir el pago de cuotas por derecho de piso, lo que ha contribuido al incremento de homicidios dolosos vinculados a esta actividad criminal.
Ante esta situación, las autoridades federales buscan implementar medidas más efectivas para combatir la extorsión y garantizar la seguridad de la población y el desarrollo económico del país.
