Mariana Gutiérrez H.
el buen tono
Orizaba.- La violencia contra la mujer incrementó 25%, comparado con el año anterior de acuerdo con cifras que proporcionaron las abogadas e integrantes de la Asociación Civil “Kalli Luz Marina AC” y lamentablemente la violencia sexual va en aumento.
Elizabeth Guevara Mitzi, abogada de Kalli Luz Marina, dijo que en lo que va del año llevan más de 105 atenciones a mujeres víctimas de violencia de género, así como de hijas e hijos. Y actualmente 30 tienen un proceso legal.
Reconocieron que la pandemia, el encierro y la situación económica, son las principales causas de que la mujer sea víctima de violencia.
Lamentaron que un porcentaje mínimo se atreven a denunciar, no concluye su proceso, derivado a que son cansados, largos, tediosos y dolorosos.
Actualmente llevan 10 casos de violencia sexual ante Fiscalía y Juicio Oral, que están en proceso de audiencia y juicios. Mientras que en la Fiscalía de Zongolica continúa siendo insuficiente el personal a pesar de que cuenta con dos fiscales; sin embargo, adolecen de traductores y las mujeres enfrentan no poder comunicarse con las
autoridades.
La psicóloga Lizeth Hernández Cruz agregó que de cada 10 féminas que denuncian y continúan su proceso legal, una logra justicia.
De la misma manera, recordaron que este año Kalli Luz Marina, cumple 15 años acompañando a las mujeres de la Sierra de Zongolica, este centro fue creado para atender la grave situación de violencia que enfrentan las mujeres en honor a Luz Marina Valencia Triviño, Misionera de la Inmaculada Concepción que fue asesinada en Gloria Escondida, en el municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero, por ser mujer y por ser valiente ante los caciques de la región, nuestra organización se fundó el 21 de marzo de 2007.
Externaron que la misión es brindar un espacio seguro, en el que acudan las mujeres, niñas y niños nahuas de la Sierra de Zongolica, para que reciban acompañamiento y se les atienda de forma legal y psicológica.
Por su parte, Hernández Cruz comentó que atienden a mujeres indígenas, porque son triplemente discriminadas, por ser indígenas y pobres, no se les reconoce sus derechos y el Estado tampoco garantiza su derecho de acceso a la justicia, prueba de ello son los múltiples organismos públicos, desde Fiscalías, Servicios Periciales, hospitales, por mencionar algunos, que han incurrido en discriminación y malos tratos.
“El camino no ha sido fácil, diariamente nos enfrentamos a vacíos e irregularidades en la investigación, deficiencias en el juzgamiento y sanción de los casos; la falta de efectividad de los mecanismos de protección de la violencia contra las mujeres; problemas estructurales identificados dentro de los sistemas de justicia que afectan el procesamiento de casos de violencia contra mujeres, como la deficiencia en el personal de las fiscalías, periciales y ministeriales, entre otras cosas”, concluyó.
