AGENCIA
Ciudad de México.- A medida que se acercan las elecciones del 2 de junio, una amenaza emergente ha sido revelada en los estados de Puebla, Estado de México y Veracruz, donde grupos delictivos han intensificado sus disputas por el poder, según el análisis realizado por la organización Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED).
El estudio de ACLED ha advertido que esta contienda electoral se está desarrollando en un contexto de conflicto híbrido, donde diversos actores, desde caciques locales hasta grupos criminales, están compitiendo por territorios y cuotas de poder.
Esta competencia ha desencadenado un aumento en la violencia letal dirigida tanto contra aspirantes a cargos políticos como contra figuras ya establecidas, vinculada tanto a bandas criminales como a manifestaciones arraigadas de poder en los estados: sindicatos, autodefensas y poderosas familias locales.
Aunque Veracruz, Puebla y Estado de México no han sido identificados previamente entre los estados con los mayores niveles de violencia política relacionada con el crimen organizado, ACLED ha alertado que esto no los hace inmunes a la influencia y acciones de grupos criminales. Según datos recabados por la organización, cerca de 40 grupos del crimen organizado operan en Puebla, y más de 20 en el Estado de México y Veracruz.
Estos grupos, en su mayoría locales, están involucrados en actividades como el huachicol, tráfico de drogas, robo y extorsión. Sin embargo, también existen grupos delictivos de mayor envergadura compitiendo por el control de rutas del narcotráfico, especialmente aquellas que conectan con el puerto de Veracruz, así como las utilizadas para el traslado de migrantes desde Chiapas y Tabasco.
La competencia por el control territorial ha desencadenado ataques contra figuras políticas, ya sea para cooptar a las autoridades locales o debilitar las conexiones políticas de grupos rivales, tanto durante los procesos electorales como en períodos fuera de ellos.
Los expertos Tiziano Breda y Sandra Pellegrini, responsables del análisis de ACLED, han advertido sobre el riesgo que representa esta situación para las elecciones de 2024 en Puebla, Estado de México y Veracruz. La combinación de un gran número de cargos públicos en juego y las disputas violentas entre grupos del crimen organizado podría crear un escenario altamente peligroso para el proceso electoral.
